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El nuevo escándalo de inteligencia militar, que ha sido llamado, “carpetas secretas” por los expedientes que demostrarían seguimientos informáticos a periodistas y políticos, ya tiene sus primeros coletazos. Aunque a la fecha no se ha esclarecido quién dio la orden de realizar estos perfilamientos, ya hay un afectado directo: el general (r) Nicacio Martínez, anterior comandante del Ejército. El alto oficial en retiro iba a ser designado como agregado militar en la embajada de Bélgica, pero este lunes el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo confirmó en una entrevista: “No se hará ese nombramiento”.
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El cargo de agregado militar en la embajada de Bélgica lo ocupa desde 2018 el excomandante del Ejército, general (r) Ricardo Gómez Nieto. Entre sus funciones está, por ejemplo, reunirse con agregados militares de otras naciones e interlocutar con delegados de la poderosa Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pues la embajada de Colombia en este país europeo, a cargo de Francisco Coy, encabeza la misión diplomática de nuestro país ante la Unión Europea y la OTAN.
Según la revista Semana, cuya investigación dio a conocer estos nuevos seguimientos de inteligencia, luego de que el entonces corresponsal del New York Times en Colombia, Nicholas Casey, diera a conocer las directivas del Ejército que significarían el regreso de los "falsos positivos", el comunicador se volvió un objetivo para la institución. Además de él, una serie de comunicadores, políticos y defensores de derechos humanos fueron objeto de lo que la institución castrense denominó "tareas especiales".
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Entre las víctimas, están el corresponsal de la National Public Radio, John Otis; el del Wall Street Journal, Juan Forero; el fotógrafo Stephen Ferry; las periodistas de Time, Lynsey Addario y de Noticias Caracol, María Alejandra Villamizar, la directora de RCN Radio, Yolanda Ruiz; el director de Univisión, Daniel Coronell; el subdirector de Noticias Uno, Ignacio Gómez; la editora de la Unidad de Datos de El Tiempo, Ginna Morelo; así como periodistas de La Liga Contra el Silencio; miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y de sindicatos como la Confederación General de Trabajadores (CGT); entre muchos otros.
Pero, ¿cómo se puso inteligencia militar a recabar información privada sobre periodistas —sobre todo corresponsales de medios extranjeros—, políticos, sindicalistas y hasta generales y funcionarios cercanos al presidente Iván Duque, como Jorge Mario Eastman, su exsecretario general y embajador ante el Vaticano desde hace nueve meses? Según supo El Espectador, de dos maneras: una a través de una herramienta bastante conocida en el mundo del mercadeo, el periodismo y la tecnología, llamada Osint. Es una sigla en inglés para open source intelligence, que traduce “inteligencia de fuentes abiertas”, y consiste en obtener información desde espacios que no tienen restricción alguna.
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Por todo esto, ya salieron del Ejército 11 oficiales y un brigadier general pidió la baja. Según conoció este diario, entre quienes salieron por cuenta del escándalo están los generales Eduardo Quirós, exjefe de contrainteligencia, y Gonzalo García Luna, jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia. El Gobierno, por su parte, ha dicho que ya adelantan investigaciones y, en su entrevista con Caracol Radio, donde dio a conocer que el nombramiento ya no se haría, el jefe de la cartera de Defensa, señaló que "rechaza cualquier acto que pueda ser violatorio de la ley en el Ejército, políticos, periodistas y demás".
El abogado del general Martínez, Jaime Granados, rechazó en un comunicado público que se vincule a su defendido con este posible caso de corrupción en inteligencia militar. “Ninguna responsabilidad administrativa, penal o disciplinaria recae sobre el General Nicacio de Jesús Martínez Espinel en relación con lo narrado por la Revista Semana. No existe prueba alguna que lo vincule o pueda llegar a vincularlo con estos hechos. Su actuación como Comandante del Ejército Nacional del Bicentenario, siempre se apegó a la Constitución, la Ley y a los Derechos Humanos”, dice el documento.