Por lo menos 3.573 personas habrían sido víctimas de agentes del Estado: Procuraduría

Las conductas en las que más incurrieron agentes del Estado fueron la amenaza y tortura, el homicidio, la masacre y la desaparición forzada. / Archivo El Espectador

El procurador general, Fernando Carrillo, le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe “Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición”. El documento reúne los avances de 2.181 procesos disciplinarios relacionados con el conflicto armado y adelantados todos por el Ministerio Público entre 1990 y 2005 en contra de 728 funcionarios del Estado, principalmente miembros del Ejército y la Policía.

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Carrillo aseguró que el informe tiene un enfoque “más de carácter cualitativo” orientado a definir los “patrones de conducta” que se encontraron en los agentes del Estado involucrados en el conflicto. Entre estos patrones de funcionarios públicos, aseguró el ente de control, sobresalen “el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros”. 

El procurador general también agregó que serían, por lo menos, 3.573 las personas identificadas como víctimas en las investigaciones disciplinarias, quienes en su mayoría eran líderes políticos o campesinos. En la mayoría de los casos, estas personas sufrieron, por parte de agentes del Estado, amenazas, torturas, homicidios, masacres y desapariciones forzada.

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El informe presentado este lunes se suma a otro documento que entregó la Procuraduría a la justicia especial en diciembre del año pasado que resumía, también, las acciones cometidas por funcionarios públicos, pero entre 2006 y 2019. La conclusión de ambos informes, según dijo Carrillo tras el acto en el que entregó el documento a la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, es: "Los funcionarios públicos frente a los embates de la violencia, sobre todo en las regiones, o se mantienen al margen o han sido coptados para ser protagonistas también de la violencia que se ha perpetrado y que ha generado tantas víctimas". 

Carrillo explicó que la mayoría de los funcionarios involucrados en el conflicto son miembros de la Fuerza Pública, principalmente del Ejército y la Policía y destacó, por ejemplo, que hay 250 investigaciones que comprometen a uniformados por asesinato de civiles y torturas que están a punto de ser fallados. Sin embargo, estos procesos serán remitidos a la justicia especial para su estudio, junto con otros 500 expedientes que, por involucrar conductas potencialmente relacionadas con el conflicto, deben ser estudiados por la JEP. 

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A renglón seguido, el jefe del Ministerio Público añadió que "lejos de debilitar las instituciones”, lo que se pretende con estos informes es aportar al Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz. “Independientemente de lo que pueda costar mostrar la verdad, hay que demostrarle al país que sí hubo un involucramiento de funcionarios públicos (en el conflicto armado)”, concluyó el procurador Carrillo.