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Cayó una nueva organización criminal dedicada al comercio de oro ilegal. La Fiscalía y el Ejército informaron que ocho personas, que ya aceptaron cargos, lograron enviar a Panamá más de $19.000 millones en oro puro, a través de diferentes aeropuertos de Colombia. La red reclutaba viajeros que sacaban el metal del país camuflado en objetos de menor valor o con la complicidad de funcionarios de migración.
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Las autoridades colombianas se alertaron porque a su entrada al país vecino los viajeros sí reportaban todo el oro que llevaban, pero los registros del metal que entraba allí no cuadraban con la cantidad que había salido de este país. Al parecer, porque el oro comercializado tendría origen en minas ilegales de Antioquia, Santander y el Magdalena Medio. Una vez en Panamá, quienes transportaban el oro se dirigían a la ciudad de Colón, donde se encontraban las instalaciones de Gold América y Alpha Trading, comercializadoras a las que les vendían en exclusiva los lingotes y, a cambio, recibían joyas italianas que debían regresar a Colombia.
El director de la Unidad contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Andrés Jiménez, explicó que los viajeros o “pasantes del oro”, como los llamaron los investigadores, tenían registros de hasta 30 visitas a Panamá en cortos periodos que, se estima, serían para entrar el oro de contrabando. Además, Jiménez reveló que, en esencia, los “pasantes” utilizaban tres modalidades para no despertar sospechas en su salida por los aeropuertos de Bogotá, Barranquilla, Palmira (Valle) y Bucaramanga.
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La primera manera, y la más común para sacar el oro, era que lo bañaban en metales de menor valor, como plata o acero y lo “mimetizaban” en correas de carteras, cadenas, pulseras y llaveros. “Así pasaban con varios kilógramos de oro por los escáneres y engañaban al personal de seguridad encargado de los filtros”, señaló la Fiscalía. En videos de seguridad de los aeropuertos, que ahora están en poder del ente investigador, se evidencia cómo el personal de seguridad no se alertaba por los metales que los “pasantes” cargaban a plena vista.
En segundo lugar, la Fiscalía pudo constatar que, en algunas ocasiones, los viajeros actuaron con complicidad de funcionarios de seguridad de aduanas y migración. El personal de los aeropuertos aprovechaba que podía cruzar los filtros con libertad para hacerse partícipes de la actividad ilícita. Los funcionarios les recibían los lingotes de oro a los “pasantes”, luego de lo cual se tomaban una ‘selfie’ para que los líderes constataran que se dio la transacción, e ingresaban los lingotes oro al muelle internacional hasta las salas de abordaje sin levantar mayores sospechas. Por ello, un funcionario de Migración Colombia ya fue capturado.
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El último mecanismo era adherirse el metal al cuerpo. Esta modalidad, dice la Fiscalía, fue más común en el ingreso al país de las costosas joyas que recibían los viajeros de pago en Panamá. “De retorno (a Colombia), los correos humanos traían la mercancía en pequeñas bolsas blancas adheridas a su cuerpo u oculta en el equipaje para evadir los controles y no registrarla ante las autoridades aduaneras”, aseguró el ente investigador.
Por el caso, dijo el fiscal Jiménez, ya fueron capturadas ocho personas: los líderes de la organización, Fernando Villamizar, Frantz Ramírez y Verenice Cáceres (capturados en Bucaramanga); Carolina Valle Solomón, señalada de ser quien daba apariencia de legalidad a la operación; los comercializadores de joyas Elvis Monzón, Ernesto Caparro y Nalsy Sofía Cohen; así como Yobany Flórez, funcionario de Migración Colombia que trabajaba en el aeropuerto de Cali.
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Luego de ser detenidos, los miembros de la organización ilegal fueron llevados ante un juez de control de garantías de Bogotá para las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. A los ocho les hicieron saber que serían investigados por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando, y, según Jiménez, cuando vieron la innegable evidencia que el ente investigador aportó en las diligencias, todos aceptaron los cargos.
La Fiscalía informó que también se iniciaron procesos de extinción de dominio sobre los bienes que la organización adquirió con los dineros ilícitos. Hasta el momento, la Fiscalía logró suspenderles la posesión de 70 bienes entre los que hay 24 inmuebles ubicados en exclusivas zonas de Cali, Bucaramanga y Barranquilla; 5 empresas, 11 establecimientos de comercio en ‘Sanandresitos’ de diferentes ciudades y 30 vehículos. En total, los bienes incautados sumarían más de $60.000 millones de pesos y todos quedaron en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).