El 4 de octubre de 1988, en una montaña del municipio de Puerto Rico (Caquetá), los hijos de Amira Guzmán Alonso encontraron el cuerpo de su mamá sin vida. Tenía signos de tortura y de quemaduras con ácido.
Ella se dedicaba a llevar víveres de una orilla a otra en uno de los ríos más importantes del departamento, el río Oreguaza. La Fiscalía ni ninguna otra autoridad investigó qué fue lo que le pasó a la mujer, pese a las peticiones de quienes la habían encontrado sin vida, cuando todavía eran menores de edad.
Por la casi nula de investigación que ha reinado en este caso, el Estado le pidió perdón a la familia. Lo hizo el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, en una ceremonia realizada en Puerto Rico, donde sucedieron los hechos.
La ceremonia contó con el apoyo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, luego de una solución amistosa a la que llegó la Nación con las víctimas, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
“Colombia persiste en la construcción de una cultura de legalidad, en la que, reconociendo nuestras diferencias, optamos por la convivencia; en la que el imperio de la ley se construye como el matrimonio indisoluble entre justicia y seguridad.
La legalidad es la piedra angular para la construcción de una paz sostenible en Colombia, y este acto es una muestra de la voluntad del Gobierno por alcanzar esa paz sostenible”, señaló Gómez.