¿Por qué el crimen de Gabriela Romero es un feminicidio y no un homicidio?

La Fiscalía anunció el domingo que le imputaría a Levith Rúa Rodríguez el delito de homicidio agravado, pero organizaciones de mujeres exigen a la justicia que trate este caso como un feminicidio, que endurece la pena.

EFE

Decenas de personas se reunieron hoy al frente de la sede de la Fiscalía en Barranquilla. Fueron a exigir justicia para el crimen de Gabriela Romero Cabarcas, quien desapareció el 24 de noviembre y fue hallada sin vida el 15 de diciembre. Su mamá, Luz Divina Cabarcas, acudió hasta ahí para pedir la máxima pena para el expolicía Levith Rúa Rodríguez, quien aceptó haber cometido el crimen ante un defensor público. (Lea aquí: Expolicía investigado por crimen de estudiante del Sena sería un violador en serie)

La estudiante del Sena fue vista por última vez cuando salió de su casa para una supuesta cita de trabajo. Los investigadores aseguran que Rúa la engañó por Facebook ofreciéndole trabajar como niñera en una finca de Malambo, Atlántico. Ella acudió a la cita en un centro comercial de Barranquilla, desde donde el expolicía la habría llevado hasta una zona enmontada para supuestamente asesinarla.  (Lea aquí: Barranquilla protestó para exigir justicia por el feminicidio de Gabriela Romero) 

Este caso develó que el exuniformado, quien pagó una condena por violar a una mujer en Valledupar, sería un violador serial. Y que Gabriela Romero no era su única víctima. Tras hallar el cadáver, la Fiscalía anunció el sábado que le imputará al exuniformado los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado.

¿Homicidio agravado?, se preguntaron las organizaciones de mujeres cuando escucharon a la directora de la Fiscalía en Atlántico, Ángela Bedoya, anunciar los cargos. Entre ellas hay desconcierto, porque en su opinión es claro que el caso de Gabriela Romero es un feminicidio.  (Lea aquí: Pese a estar prohibido, Fiscalía ha hecho preacuerdos en casos de feminicidios)

El delito de feminicidio lo creó la ley llamada Rosa Elvira Cely, por el nombre de la mujer a la que su compañero de colegio torturó en el Parque Nacional de Bogotá. La norma aumenta la pena hasta 50 años de cárcel para quien mate a una mujer por el hecho de ser mujer, es decir, por considerarla inferior. El asesino comete el crimen porque cree que tiene poder sobre las mujeres, las discrimina, y por lo general se da una violencia exacerbada.

Y términos punitivos hay diferencias. No es lo mismo que a una persona la procesen por homicidio agravado que por feminicidio, entre otras cosas, porque no se puede llegar a preacuerdos con la Fiscalía, no se puede rebajar las penas en caso de aceptación de cargos y porque las condenas son más altas. En homicidio agravado la condena puede ser máximo de 40 años y en feminicidio de 50 años. (Lea aquí: “Me dijo que si gritaba, me mataba”: joven que habría sido violada por expolicía en Atlántico)

/ Foto: Luis Fernando Ariza

Ema López Rodríguez, miembro de la Red Nacional de Mujeres del Atlántico, asegura que no hay duda de que el caso de Gabriela Romero es un feminicidio. Y uno de los elementos para poder afirmarlo con seguridad son los antecedentes de Rúa. La condena que pagó por acceso carnal violento y las seis denuncias que se han conocido de otras víctimas dan a entender, según López, que el expolicía es un sujeto que quiere controlar la vida y el cuerpo de las mujeres y las niñas. El ente investigador ya lo ha dicho: él acechaba mujeres entre 15, 16, 17 y 18 años.

“Le exigimos a la Fiscalía que haga justicia de género. Este hombre, además, dijo que Gabriela lo engañó porque dijo que era gruesa y que cuando la vio era flaquita. Se creía con poder sobre el cuerpo de las mujeres.  Si no se establece desde ahora que es un feminicidio hay una omisión del fiscal y nos determina que los profesionales no están formados en la perspectiva de género”, agregó López.

Lo mismo opina Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer. Dice que si es errático calificar este crimen como un “homicidio agravado”. Hacerlo implica, según ella, apoyar la corriente de opinión que minimiza los casos de violencia contra la mujer. “Si no lo imputan como feminicidio, no han estudiado suficientemente la ley o no la quieren aplicar. Este es un crimen de odio contra una mujer”, concluye la activista.

La Secretaría de la Mujer de Bogotá, una de las dependencias que más conoce la aplicación de la ley Rosa Elvira Cely y que ha representado casos como el feminicidio de Yuliana Samboní, comparte la misma opinión. Jennifer Bermúdez, subsecretaria de la entidad, afirma que en el feminicidio hay circunstancias especiales que ponen a la víctima en condiciones de subordinación que no le permiten defenderse de un ataque. Y que en el caso de los agresores sexuales, éstos instrumentalizan a sus víctimas, no las ven como personas sino como objetos de ataque.

La ley establece, además, unas circunstancias específicas que dan pistas a la justicia para saber que hay un feminicidio. Entre ellas hay dos que, según expertas, se configuran en el caso de la estudiante del Sena: “Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización” y que “la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción”. Gabriela permaneció desaparecida tres semanas.

Se podría incluso agravar el delito de feminicidio si el Instituto de Medicina Legal determina que la joven fue víctima de agresión sexual y se agregaría un nuevo delito a la imputación: acceso carnal violento.

La Secretaría de la Mujer del Atlántico agregó que le brinda atención psicosocial a la familia de Gabriela Romero y espera que se le aplique la pena máxima a Rúa.  La entidad anunció que ha recibido apoyo de la Secretaría de la Mujer de Bogotá para brindar asesoría jurídica en estos asuntos. “La Secretaría de la Mujer de Bogotá tiene un destacado grupo de abogadas, expertas en esta clase de situaciones, y nos apoyarán para que el asesino de esta joven reciba la pena máxima de 60 años de condena”, dijo la secretaria Zandra Vásquez.

Según las últimas cifras de Medicina Legal, entre enero y noviembre de este año han asesinado a 839 mujeres y se han valorado 18.647 más por abuso sexual. Este año ha disminuido en un 4 % este delito con 27 casos menos, comparado con lo registrado en el mismo periodo del año 2016.