Por supuesta venta de información confidencial, formulan cargos a tres militares

Archivo - El Espectador

La Procuraduría General de la Nación asegura que tres miembros del Ejército, vinculados a la Operación Andrómeda, tuvieron que ver en presuntas irregularidades que terminaron en la venta de información confidencial al “hacker del proceso de paz”, Andrés Sepúlveda, condenado por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo informático, violación de datos personales agravado, espionaje y uso de software malicioso.

Los datos, de carácter secreto y que habrían sido vendidos, eran del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) del Ministerio de Defensa Nacional. Este miércoles, el ente de control le formuló pliego de cargos al mayor Joany Alonso Guerrero Herrera, comandante de la Operación Andrómeda; al cabo primero Luis Humberto Moreno Montes, enlace entre la Central de Inteligencia Técnica y el GAHD; y al cabo segundo Carlos Alberto Betancur Sánchez, miembro de la Operación.

La Procuraduría dice que tuvo en cuenta las declaraciones Sepúlveda entregadas el 15 de agosto de 2014. En estas se habla de la presunta compra de datos del GAHD, que contenían información de desmovilizados. Y que estos habrían sido obtenidos “por el suboficial Moreno de manera indebida”. El uniformado habría recibido una remuneración económica por esa venta, lo que configura, según la Procuraduría, una falta calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.

“La Procuraduría también pudo establecer que en cuanto al suboficial Betancur Sánchez, al parecer fue señalado por el hacker como quien le ofreció la venta de cien correos electrónicos que pertenecían a personas que se encontraban en la mesa de negociación de La Habana y software para el monitoreo de teléfonos celulares, información por la que recibió contraprestación económica, conducta calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo”, agregó el ente de control.

A Guerrero se le formuló cargos por incumplir sus deberes y funciones, al no ejercer control sobre los suboficiales y permitir, al parecer, la venta de información reservada de seguridad nacional. Una falta considerada grave, pero a título de culpa.