Porvenir debe devolver saldos de afiliados si cumplen con la edad: Corte Constitucional

Una mujer de 57 años le ganó el pulso a Porvenir para tener acceso a su pensión. Por una tutela que llegó hasta la Corte, los fondos de pensiones ahora deberán reembolsar lo que los cotizantes hayan ahorrado, cuando ellos lo pidan, si tienen la edad.

Redacción Judicial
25 de marzo de 2019 - 04:25 p. m.
La mujer puso una tutela y, casi un año después, la Corte Constitucional falló a su favor.  / Archivo El Espectador
La mujer puso una tutela y, casi un año después, la Corte Constitucional falló a su favor. / Archivo El Espectador

A sus 57 años, la gerente comercial de una compraventa de vehículos se quedó sin trabajo. Consciente de que no sería fácil conseguir un nuevo empleo, por su edad, le pidió al fondo de pensiones Porvenir la devolución del saldo que había logrado ahorra hasta ese momento. La entidad le negó la solicitud y, en cambio, le aseguró que debía cotizar hasta los 60 años. La mujer puso una tutela y, casi un año después, la Corte Constitucional falló a su favor.

En el tiempo que hizo aportes, la mujer no logró llegar al tope con el que accedería a una pensión de un salario mínimo mensual. El argumento de Porvenir, entonces, era que, si se esperaba unos años más, y seguía haciendo sus aportes, lograría una pensión más beneficiosa.  Sin embargo, el problema estuvo en que nunca se lo plantearon como una opción, sino que la estaban obligando a aplazar su pensión tres años, a pesar de tener la edad que describe la ley.

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La Corte consideró que a la mujer le estaban violando su derecho al libre desarrollo de la personalidad. En la sentencia, señaló que Porvenir debió conceder lo que pedía la demandante. Ese fondo, en cambio “consideró no solo que no era opcional la elección [de que le devolvieran el saldo], sino que era más conveniente para la accionante esperar hasta la fecha de redención normal del bono pensional; es decir, hasta que cumpliera 60 años”.

Cuando el magistrado Carlos Bernal Pulido estaba estudiando la tutela le pidió explicaciones a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y al fondo Porvenir. Ambos se remitieron al artículo 66 de la Ley 100, que reglamenta la devolución de saldos de pensiones. Allí se lee que “quienes a las edades previstas [57 mujeres y 62 hombres] no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado”.

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La Corte respondió que la explicación de la Oficina de Bonos Pensionales y Porvenir era contraria a la ley. Eso puede sonar extraño, dado que el argumento de ambas entidades se basaba en la ley. Sin embargo, la sentencia señala que era injustificable obligar a una mujer que ya tenía derecho a su pensión, por tener 57 años, a esperar más tiempo y, que, además la razón por la que la mujer no podía seguir haciendo aportes a pensión era precisamente porque estaba desempleada, no conseguiría más empleo y necesitaba un sustento.

Sobre esto, la Corte ya había señalado en 2004 que ese artículo de la Ley 100 debía interpretarse con cuidado. En ese momento, dijo que ahí se le otorga: “una permisión libre a los cotizantes, en el sentido de autorizarlos a optar por recibir la devolución de saldos, o no hacerlo, y continuar cotizando al sistema hasta tanto alcancen el monto requerido de cotizaciones para acceder al beneficio pensional”.

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Este fallo, entonces, se trata de una continuación en la línea jurisprudencial de defender la libertad de elección en el ámbito de las pensiones. La mujer, inicialmente, había pedido en la tutela que se protegieran sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, pero la Corte concluyó que no había una prueba de que estuvieran en riesgo esos preceptos constitucionales. Consideró que, por tratare de una exgerente, no era alguien de bajos recursos y tampoco demostró ser parte de un grupo discriminado, madre cabeza de familia, en situación de pobreza o discapacidad, ni de la tercera edad.

Por Redacción Judicial

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