¿Es posible castigar las presuntas manipulaciones de la campaña del No?

La decisión del Consejo de Estado de estudiar la demanda contra la campaña del No en el plebiscito y de dictar medidas cautelares para reparar sus efectos, abrió un debate sobre la forma cómo se hacen las campañas políticas en el país.

Juan Carlos Vélez, quien fue director de la campaña por el No en el plebiscito, fue expulsado del Centro Democrático tras unas explosivas declaraciones en el diario La República. / Cortesía Congreso Visible

Como si no fuera suficiente con la decisión de la Corte Constitucional de darle vía libre al fast track, y con ello, desatar un torbellino político en el Congreso de la República, la magistrada del Consejo de Estado Lucy Jeannette Bermúdez decidió admitir la demanda en contra de los resultados del plebiscito del 2 de octubre, por una presunta manipulación por parte de los promotores de la campaña por el No. (Lea: Hubo “total tergiversación” en la campaña del plebiscito: Consejo de Estado)

Su decisión causó revuelo, sobre todo porque no solo admitió la demanda, sino que aceptó la necesidad de las medidas cautelares para que se suspendieran de inmediato los efectos del resultado del plebiscito, tal como lo solicitaron quienes redactaron la acción legal. Si bien la magistrada no las interpuso, no fue porque no las considerara pertinentes, sino porque el nuevo acuerdo ya estaba refrendado. La magistrada Bermúdez argumentó que quienes votaron lo hicieron presos de una “total tergiversación del contenido del acuerdo sometido a votación el 2 de octubre de 2016”.

Para el abogado y exmagistrado Jaime Araujo la magistrada Bermúdez “tiene plenas facultades” para tomar estas medidas cautelares. “Revisando la decisión de la magistrada creo que está sustentada y fundamentada dentro de los parámetros que establece la ley. Además, debe entenderse que el proceso apenas comienza y que se está en una fase muy preliminar y que por lo tanto es prematura señalar si en el fondo esa demanda va a prosperar o no”, expresó Araujo.

No obstante, la disposición, ad portas de una vacancia judicial que se extenderá hasta el 11 de enero – lo que impide que alguien presente acciones legales contra la misma– fue leía con suspicacia por parte de los promotores del voto por el No. Iván Cancino, abogado promotor de esa opción, le dijo a este medio que lo planteado por la magistrada “no tiene precedente ni justificación jurídica. Además es muy raro que tome la decisión en el último día de trabajo de este año en un tema tan delicado”. Añadió que quienes votaron por no refrendar los primeros acuerdos, “no lo hicimos engañados. Votamos con conocimiento”.

Pero esta postura no es exclusiva de los promotores del voto por el No. El abogado constitucionalista y exmagistrado Juan Manuel Charry, piensa que “esta decisión de las medidas cautelares es de un solo juez, no de la sala. Esto es grave porque una decisión así tiene una trascendencia importante cuyos efectos debieron preverse”.  Carlos Andrés Gómez, decano de la facultad de derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también le dijo a El Espectador que estas medidas resultan, cuando menos, apresuradas.

“Cuando se habla de una medida cautelar, tiene que ser evidente que hubo alguna infracción y eso es lo que no tengo claro que exista”, explica Gómez. Los argumentos de la magistrada par tomar su decisión, se basaron en que la campaña liderada por el exmilitante del Centro Democrático Juan Carlos Vélez Uribe se armó apoyada en manipulaciones e interpretaciones de los acuerdos de paz. (Lea: Otro golpe a la campaña por el No)

No obstante, señala el constitucionalista Juan Manuel Charry que “La campaña fue de muy baja calidad por ambas partes. Los del Si generaron un esquema de guerra o paz en donde también, en mi opinión, pudo haber presiones psicológicas, como el planteamiento de que no había posibilidad de corregir el acuerdo”.

Para el profesor Gómez, lo que se vivió en el plebiscito fue una campaña política como cualquier otra. “Sin justifica la mentira, en una campaña política se vale decir las cosas de manera alegórica”. Y si bien es cierto que aún es demasiado pronto para saber qué pasaría de fallarse a favor de los demandante, el docente se aventura y afirma que “esto de alguna manera daría pie para que las cosas que no se cumplen y que se prometieron en campaña, las que se dicen de una manera diferente o exagerada, están induciendo al error a los electores”, expresa.

Tanto Charry como Gómez coinciden en que no parece una casualidad que la decisión se haya tomado justo antes de la vacancia judicial, y justo cuando en el Congreso se estaba discutiendo la refrendación y la ley de amnistías. El exmagistrado Charry señala que “el juez debe ser imparcial y lo que debe garantizar es que el elector puede votar con total libertad. Para proteger este derecho hubiera sido mejor repetir el plebiscito y no tomar una medida que obligara a implementar un acuerdo, que parece una jugada política más que jurídica”.

Especular con lo que traería un fallo aún resulta apresurado. Los promotores del No, en cabeza del senador Álvaro Uribe, ya anunciaron que en enero emprenderán acciones legales y disciplinarias contra la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez. Por su parte, Gobierno y Congreso están moviéndose lo más rápido que pueden para cumplir con el fallo de la Corte Constitucional que aprobó el fast track y echar a andar la implementación.