Premios en memoria de la Unión Patriótica

El Consejo de Estado le ordenó a la UNP y al Ministerio de Defensa crear un premio que lleve el nombre de Josué Giraldo Cardona, dirigente asesinado.

En un fallo sin precedentes el Consejo de Estado les ordenó a la Unidad Nacional de Protección y al Ministerio de Defensa la creación y financiación durante 5 años de dos premios en memoria del asesinado dirigente de la Unión Patriótica y presidente del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, Josué Giraldo Cardona, asesinado el 13 de octubre de 1996.

El primer premio consistirá en una beca para cursar un postgrado, maestría, doctorado o postdoctorado, en una universidad pública o privada, según la escogencia del ganador y financiar la publicación de la tesis por la universidad a la que pertenezca, por el cual se busque reconocer académicamente la mejor tesis de pregrado y postgrado en humanidades y ciencias sociales con respecto, puntualmente, al "tema de la defensa de los derechos humanos y la Unión Patriótica".

El segundo se le otorgará "al grupo de trabajo, investigación u organización académica, social y/o popular que defienda y promueva la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario". Con estos premios se busca, en palabras del Consejo de Estado, hacer "memoria de los acontecimientos sufridos por los miembros de dicha organización política en lo referente a su persecución y sistemática eliminación". Ambos galardones deben ser entregados el 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, en el Centro de Memoria Histórica.

Por orden del Consejo de Estado, estas entidad deben, a su vez, financiar y apoyar la realización de un documental de 24 minutos y un cortometraje de 7 minutos en memoria del exterminado partido político y, además, financiar el montaje de una exposición itinerante a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica, en homenaje a la vida y el sacrificio de todos aquellos activistas defensores de derechos humanos en Colombia, “que como Josué Giraldo Cardona, con su valiente, tenaz y desinteresado compromiso social han promovido la prelación de los derechos de los demás sobre los propios, y aún con riesgo sobre su propia vida, la defensa de los derechos humanos en medio del conflicto armado colombiano”.

Igualmente, estas entidad se encargarán de la construcción de un "lugar de memoria" en Villavicencio para recordar al exterminado partido político y honrar la memoria de "todos los que han sacrificado incondicionalmente su vida para la realización plena y pacífica de sus idearios políticos". Así lo ordenó el Consejo de Estado en un reciente fallo en el que esa entidad condenó al Estado por las irregularidades que permitieron el asesinato de Giraldo a manos de paramilitares.

De acuerdo con esa entidad, las autoridades no solo omitieron su deber de proteger al defensor de derechos humanos que para cargaba con varias amenazas en su contra sino que, además, la "ausencia del escolta del DAS al momento del crimen y la suspensión del servicio por la Policía Nacional, como patrón recurrente en el exterminio de la UP, revela, en conjunto con el extenso material probatorio que reposa en el expediente, la connivencia que dichas instituciones tuvieron con la ominosa práctica de eliminar a aquellas personas que hubiesen optado por dejar las armas aceptando participar, con buena ventura, en el libre juego de la democracia mediante la creación de partidos políticos de izquierda y promover la defensa de los derechos humanos en Colombia".

El Consejo de Estado fue enfático: Los paramilitares que asesinaron a Giraldo Cardona contaron con la ayuda de miembros de la Séptima Brigada del Ejército que realizaron seguimientos permanentes a los militantes de la Unión Patriótica "al atribuirles su complicidad en el asesinato del general Carlos Julio Gil Colorado".

Esa entidad concluyó lapidaria que el crimen del dirigente es un delito de lesa humanidad y una afrenta al ejercicio de los derechos de oposición política, a la libertad de asociación, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión, al derecho a formar partidos políticos y participar políticamente, a la defensa de los derechos humanos "y, por último, en forma crasa, a la confianza legítima que profesan los asociados a las instituciones del Estado. Recuperar dicha confianza implicará para dichas instituciones adelantar un esfuerzo de hondo calado para restituir en la memoria de los asociados y en especial de aquellos hombres y mujeres que con sus vidas han defendido en la historia nacional un proyecto político distinto de inclusión social y de defensa de los derechos humanos, la legitimidad del Estado".