La preocupación del Consejo de Estado por los múltiples casos de "falsos positivos"

El alto tribunal le dio un plazo de dos meses al Ministerio de Defensa para diseñar un plan integral de inteligencia con el fin que estos casos no se presenten nuevamente.

La Sección Tercera del Consejo de Estado le dio un plazo de dos meses al Ministerio de Defensa y las Brigadas y Batallones de todo el país con el fin que se diseñe un plan integral de inteligencia dirigido a lograr un control estructural efectivo para evitar que se presenten los casos de ejecuciones extrajudiciales.

Esta decisión se desprende de la preocupación que existe frente a múltiples casos relacionados con la presentación de civiles como miembros de grupos subversivos abatidos en combate por las Fuerzas Militares. Para el alto tribunal estas violaciones a los derechos humanos y DIH hacen parte de una falla sistemática y estructural de la Fuerza Pública del Estado. 

“La ausencia de un riguroso control dentro de la institución militar, tanto en el proceso de incorporación a la institución, como en la permanencia y en el funcionamiento o ejercicio de funciones por parte de los miembros de la Fuerza Pública, falencias que debilitan la institución militar y que dificultan su adecuado accionar en pos de cumplir con el cometido que le es propio; de paso, se pierde legitimidad y se compromete la estabilidad misma del Estado y de la sociedad”, precisa la decisión.

El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa al pago de una millonaria indemnización a los familiares de un hombre que fue presentado como un guerrillero del Frente 21 de las Farc abatido en combate en el marco de la Masacre de Cajamarca ocurrida entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003, en la zona conocida como “Semillas de Agua”, en zona rural de dicho municipio del Tolima.

El tribunal de lo contencioso administrativo indicó que no existe elemento material probatorio para inferir la relación de la víctima y el grupo guerrillero. Resaltó el hecho que tres militares adscritos a la Compañía Búfalo de la Sexta Brigada del Ejército fueron condenados por el homicidio del joven, el desplazamiento forzado a su familia, tortura y ejecución extrajudicial de otras personas.

“En este caso se echa de menos la adopción de medidas efectivas de vigilancia y control por parte de los superiores del Ejército, tendientes a lograr la cabal ejecución de la misión encomendada a sus subalternos, lo que denota indiferencia o tolerancia frente al comportamiento de los uniformados, hecho que resulta contradictorio si se considera que los mandos superiores de la institución deben realizar un constante monitoreo de sus posiciones y de sus movimientos, dado que  sus misiones de campo son precisas y concretas”, indica la sentencia.

En el fallo el magistrado ponente expresó su preocupación por estos hechos y solicito que se tomen medidas efectivas y rápidas dirigidas a proteger a la población civil y evitar que se presenten este tipo de casos, en los cuales los miembros de la Fuerza Pública encubren, bajo la apariencia de muertos en combate, homicidios que obedecen a diversas circunstancias.