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“Hay conductas reprochables que debemos corregir”: presidente de la Corte Constitucional

El magistrado Alberto Rojas Ríos dice que la Sala Plena de esta corporación quedó preocupada al conocer el diagnóstico de equidad de género que le presentó una consultoría auspiciada por cooperación internacional, pero asegura que ese proyecto “no ha terminado, apenas comienza”.

03 de agosto de 2020 - 11:00 a. m.
Alberto Rojas Rios
Alberto Rojas Rios

¿Cuál fue el recorrido de este informe?

En 2019, en el último trimestre, la doctora Gloria Stella Ortiz (entonces presidenta de la Corte) hizo una solicitud especial a Usaid para que, dentro del programa de Justicia para una Paz Sostenible, se pudiera adelantar un proyecto con el objetivo de eliminar en la Corte las barreras que pudieran existir en temas de igualdad y equidad de género. Empezó hacia noviembre del año pasado y en abril de este año empezó a consolidarse el informe que hoy se conoce como “Las capas del Techo de Cristal: equidad de género en la Corte Constitucional”.

(En contexto: El informe que revela acoso laboral y sexual en la Corte Constitucional)

Este es un diagnóstico fáctico que se entrega por petición de la misma Corte Constitucional, la Corte es la interesada en que se hiciera este estudio. Ellos (las consultoras de Usaid) lo pusieron en conocimiento de la Sala Plena para que tuviéramos la posibilidad de estudiarlo, pedir explicaciones ampliar o precisar temas. Participaron todos los magistrados.

En junio vino a entregarse el texto definitivo. Quisiera que tuviéramos algo claro: lo definitivo no es el informe, esta es una primera fase, que es un diagnóstico. Luego empezó la segunda fase, que es la contratación de unos expertos para construir el proyecto. Se espera que esos consultores sean contratados en agosto. ¿Cuál es el objeto de la segunda fase? Asistencia técnica para el fortalecimiento de la equidad de género a través de la creación de escenarios y mecanismos que la propicien. En esto no ha habido cierre aún.

A ustedes les presentaron un informe en abril de 2020, les hicieron presentación individual con Power Point, y luego, varios magistrados solicitaron su publicación inmediata. ¿Por qué no se ha hecho?

Más que exigir la publicación inmediata, se dijo que había que socializarlo con los funcionarios de la Corte Constitucional, que no son menos de 244. Este no es un informe reservado. Es un proyecto en marcha, están pendientes las demás fases. Es importante también tener en cuenta que el diagnóstico no implicaba el verificar situaciones concretas, no hay denunciantes ni denunciados, no hay sugerencia siquiera de responsabilidades.

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¿Se van a buscar esas responsabilidades?

Ese es el ideal. En el boletín de prensa del sábado pasado dijimos: la Corte invita a los ciudadanos a confiar en la institucionalidad y a denunciar cualquier situación, venga de donde venga. Nosotros anhelamos que este proyecto que empezó con Usaid culmine. En la Corte, el 53% de la planta del personal son mujeres, eso nos muestra que hay un interés de la Corte de convertir en hechos nuestra propia jurisprudencia, los valores de la Constitución. Queremos eliminar cualquier barrera que pueda existir de equidad de género y eliminar cualquier circunstancia que pueda llevar a violencia de género.

¿Tenían ustedes indicios de que algo tan grave estuviera pasando dentro de la Corte?

No teníamos conocimiento de nada que tuviera que ver con violencia de género. El objetivo del proyecto va precisamente a identificar las barreras para el acceso a la igualdad por parte de la mujer. Esto implica la construcción de una política de la corte, que tiene que llevarnos en últimas a lo que deseamos para toda la sociedad: que quede consolidada entre nosotros la igualdad plena para las mujeres. En este momento solo hay un planteamiento abstracto, que no nos dan hechos concretos ni denunciantes. Tenemos que seguir trabajando. Si hoy yo dijera que vamos a sancionar ejemplarmente, eso terminaría en lo mismo de siempre. Queremos hacer algo mucho más concreto.

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¿Han pensado en indagar más y enviar información a la Fiscalía y a la Judicatura?

Creo que es necesario que Usaid examine herramientas e instrumentos para ayudarnos. Estamos apuntando a desarrollar una política de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. Por ahora, tenemos algunos pasos a seguir. Vamos a desarrollar mecanismos claros para la atención y sanción de cualquier tipo de violencia al interior de la corporación. Va a haber un diseño de implementación de piezas de comunicación interna; habrá siempre la posibilidad de que nosotros establezcamos instrumentos de corrección. Habrá capacitación al personal de la Corte para incorporar en sus prácticas cotidianas el enfoque de género. Y un diseño e implementación de una propuesta para incorporar en los procesos de selección de estudiantes para la judicatura y pasantías en la Corte con acciones positivas, que los incluyan.

En esto no va a haber ninguna contemplación, si hay delitos se informará a la Fiscalía o se enviará al Comité de Convivencia.

Nos dicen que ese Comité de Convivencia no ha sido útil…

Está integrado por seis mujeres de las más alta idoneidad, entre ellas dos magistradas, Cristina Pardo y Diana Fajardo. Una información así en manos de ellas llegará hasta las últimas consecuencias. A partir de 2018 tengo la claridad de que no ha habido una sola queja, y no me pueden decir que el Comité de Convivencia no infunde confianza. Está totalmente integrado por mujeres. Si me dicen que no se cree en ellas, entonces, ¿qué se quiere?

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¿Alguna vez tuvo conocimiento de los actos de acoso que se reportan? ¿Le sorprendió el diagnóstico?

Nunca tuve conocimiento de situaciones de esta naturaleza. Ahora que se presenta esta realidad, uno dice: es probable, es innegable. Nos obliga a una reacción para darle armonía a la Corte. Pero cuando arranca el proyecto no se tenía conocimiento de esto, tan es así que la relación con Usaid empieza con la identificación de barreras en equidad de género. No es sorprendente, en la conducta humana nada sorprende. Lamento mucho que haya quedado en abstracto, porque nos impide reaccionar concretamente, pero nos da la oportunidad de seguir trabajando para llegar a las metas que nos hemos propuesto. Son conductas probables, son conductas reprochables y le hacen un gran daño a la Corte en materia de confianza. Pero sé que el prestigio de la Corte permitirá que se separe la institución de quienes han creado estas circunstancias incómodas, que no hablan bien del que debe ser el comportamiento de cualquier ser humano. No es un problema estructural de este grupo de funcionarios, es un problema de país.

Y un problema de la Corte…

Hay que separar dos cosas: una es la Corte como institución y otra las personas que la conforman. La trayectoria de la Corte es impecable. Ha sido la defensora de los derechos de la mujer, de comunidades invisibilizadas antes de la Constitución del 91; las sentencias lo dicen todo. La conducta de personas aisladas ya es otra cosa. De las 244 personas de la planta que había cuando se hizo este estudio, fueron 8 entrevistas a hombres y 6 mujeres que nos llevaron a esta hipótesis. Yo me pregunto: ¿cuál otra institución del Estado ha hecho esto? Lo ha hecho solamente la Corte, eso no puede estar mal. Y queremos continuar, y que llegue el día en que no solamente encontremos que el 53% de nuestro personal son mujeres, sino que haya paz laboral, equidad de género y cero tolerancia a la violencia de género.

¿Cómo reaccionó la Sala Plena al conocer el diagnóstico?

Con preocupación, obviamente. Esto no genera tranquilidad. Hubo una especie de borrador primero, luego en junio se vino a dar el informe consolidado, que es cuando arranca la posibilidad de iniciar la segunda fase. En junio se abrió la convocatoria para los expertos [de la segunda fase].

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¿Existe un protocolo en la Corte para asumir denuncias de acoso laboral o acoso sexual?

Existen dos cosas: quejas y reclamos, que se pueden manejar con unas consideraciones jurídicas. Y el Comité de Convivencia. No hay unas condiciones que se exijan, nada que implique una barrera adicional.

¿Le recomendaría este ejercicio a las otras altas cortes?

Qué bueno que nadie nos puede decir que investigó por su cuenta y dio con este tema, pues este es un hallazgo promovido por la Corte Constitucional. Me pregunto: ¿esa es una equivocación? No, no es una equivocación. Hay conductas reprochables que debemos corregir. Esta pregunta me lleva a lo que decía hace un momento: ¿qué otra institución del Estado ha hecho esto? No quiero invadir los espacios de decisión de otras cortes, pero nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Cada uno de nuestros servidores deben tener su conducta puesta en una urna de cristal para la vigilancia de todos los colombianos. Aquí nadie puede tener conductas sombrías o en zonas grises. Ese es nuestro propósito, para allá vamos.

¿Cree que esto incidirá de alguna manera en la elección de las dos vacantes para magistrados que hay ahora en la Corte?

No creo, este no puede ser un factor de incidencia en quién va a ser el próximo magistrado. La Corte siempre ha tenido integrantes de la más alta credibilidad, todos siempre dispuestos a ser sometidos a juicios de valor. Creo que en esa elección habrá el mismo rigor que ha habido siempre en cuanto a lo que se espera de un magistrado, las condiciones que pide la misma Constitución. Este no puede ser un factor de incidencia en la conformación de la Corte.

Sobre el informe, debo agregar que esto no ha terminado, esto apenas comienza. Los resultados nos van a llevar a que todos tengan plena confianza en la Corte Constitucional. Nadie puede decir que se ha minado la confianza en la Corte. Quiero invitar a los colombianos a seguir muy atentos de este proyecto y a que denuncien cualquier conducta en la Corte que encuentren reprochable, la Corte es un valioso patrimonio de los colombianos.

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