Primera condena contra José Miguel Narváez

El exsubdirector del DAS tendrá que seguir pagando su pena en la cárcel, pues le fue negado el beneficio de prisión domiciliaria.

José Miguel Narváez, subdirector del DAS entre 2002 y 2005. / Archivo

La primera condena contra José Miguel Narváez, el exsubdirector del DAS señalado de ser uno de los hombres más cercanos al comandante paramilitar Carlos Castaño, llegó por el episodio de los seguimientos e interceptaciones ilegales de las que fueron víctimas periodistas, políticos y defensores de derechos humanos. El Juzgado Sexto Penal especializado de Bogotá, en su fallo de 209 páginas, también compulsó copias para que se investigue la responsabilidad que pudo llegar a tener el expresidente Álvaro Uribe, pues los hechos ocurrieron durante su primer mandato y varios testigos lo salpicaron.

“Como quiera que por estos hechos se ha establecido que la ilegal actividad de inteligencia del DAS iba dirigida al Gobierno Nacional, que para entonces estaba presidido por el doctor Álvaro Uribe Vélez, por mandato del artículo 40 del decreto 643 de 2004, sin que se haya determinado –en este proceso– su conocimiento y participación de las ilicitudes en la recolección de información de inteligencia estratégica ilegalmente obtenida, este despacho al respecto sigue el criterio establecido por el Tribunal Superior de Bogotá en el sentido de que al existir procesos abiertos contra el expresidente se remitirán copias de este fallo con destino a las autoridades competentes”, se lee en el fallo.

La sentencia contra José Miguel Narváez fue de ocho años de prisión y por un solo delito: concierto para delinquir. Según el juzgado, los otros dos delitos, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, prescribieron. Asimismo, José Miguel Narváez tendrá que seguir pagando su pena en la cárcel, pues le fue negado el beneficio de prisión domiciliaria.

El juez aseguró en su fallo que Narváez creó el G-3, un grupo de espionaje ilegal del DAS que entre marzo de 2003 y noviembre de 2005 adelantó operaciones de desprestigio contra ONG, periodistas y políticos que no eran afines al gobierno de turno. Por ejemplo, entre las acciones adelantadas está la denominada Operación Transmilenio, la cual consistió en desacreditar al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo porque supuestamente eran afines a la guerrilla.

En la sentencia se ordenó reparar a la corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, al periodista Hollman Morris y su familia, a la Comisión Colombiana de Juristas, a Gustavo Gallón y al Cinep por las operaciones ilegales que realizó el G-3 en su contra.

José Miguel Narváez, además de haber sido señalado por múltiples comandantes paramilitares de ser un ideólogo de las autodefensas, está siendo juzgado por el homicidio del senador Manuel Cepeda, ocurrido el 9 de agosto de 1994; por el asesinato de Jaime Garzón, el 13 de agosto de 1999; por el secuestro de Piedad Córdoba, que tuvo lugar el 25 de mayo de 1999, y por la tortura sicológica de la que fue víctima Claudia Julieta Duque.