Hay un chiste entre abogados muy recurrente: ‘Una medida de aseguramiento no se le niega a nadie’. Y la afirmación al parecer no está alejada de la realidad si se tiene en cuenta que las demandas contra la administración de justicia interpuestas por personas que han sido injustamente privadas de la libertad, les han costado a los colombianos cerca de $1,9 billones. Sólo en febrero pasado, por éste concepto, ante la justicia contencioso administrativa fueron radicadas ocho demandas cuyas pretensiones ascienden a los $12 mil millones (ver infografía).
Para evitar que el desangre económico por esta causa sea más lesiva a los intereses del Estado, Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, señaló que esa dependencia “ha venido trabajando el tema de privación injusta de la libertad. Elaboró un protocolo para conciliar conflictos originados en temáticas como Privación Injusta de la Libertad y otros, con el objetivo de dar lineamientos a las entidades del orden nacional, al momento de decretar la medida preventiva de privación de la libertad, para que se puedan disminuir los costos en este tema, que acumulan en el 2013, aproximadamente $20 billones de pesos en pretensiones".
El total de demandas instauradas contra entidades del orden nacional en el primer mes de 2014 fue de 1.172 procesos equivalentes a $282 mil millones, para febrero disminuyó a 1.054, con un valor en pretensiones de $ 86 mil 431 millones, una reducción del 12% en el número de procesos admitidos. Durante el mes pasado el Estado colombiano fue demandado por $83.000 millones, período en el que según reporte de esa agencia, la Nación ganó 280 procesos, con una tasa de éxito procesal del 57%, que se traduce en un ahorro cercano a los $38 mil millones.
La segunda causa de demandas contra el Estado, en febrero, fue por el reajuste del pago de indemnización por incapacidad médica.