Proceso contra policías que torturaron a transexual pasará a la justicia ordinaria

Los hechos se presentaron entre diciembre de 2012 y marzo de 2014 en el CAI de Navarra de Bogotá.

Será la justicia ordinaria la que conozca el proceso en contra de un grupo de policías por los hechos que rodearon el ataque en contra de una mujer transexual en Bogotá. Los uniformados tendrán que responder por los delitos de lesiones personales, constreñimiento y abuso de autoridad.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinó que estos hechos no se pueden adjudicar como “actos de servicio” por lo que no podía ser de conocimiento de la Justicia Penal Militar. Los hechos, según la denuncia, se presentaron entre diciembre 2012 y marzo del 2014.

Los policías adscritos al CAI de Navarra en Bogotá que adelantaban acciones de vigilancia y patrullaban  el cuadrante No. 29. En la denuncia se citan agresiones físicas y verbales debido a su condición. Asegura que los controles en la zona por parte de las autoridades era selectivo puesto que únicamente la requerían a ella cuando estaba trabajando.

La denunciante manifestó que los uniformados pasaron por la esquina en donde se encontraba y le rociaron en su cuerpo una sustancia desconocida que posteriormente quemó sus senos, abdomen y parte del brazo, entre otros más atropellos  para la época.

Para la Sala los Policías implicados que conserven el fuero penal militar y puedan ser juzgados por su jurisdicción, el delito cometido debe estar relacionado con el servicio, es decir únicamente en la medida en que haya sido cometido en el marco del cumplimiento de la labor, esto es, del servicio que ha sido asignado por la Constitución y la ley a la Fuerza Pública, pero este no es el caso, porque lo que aquí se vio fue una extralimitación de funciones, además, una clara violación a la dignidad de la persona y a sus derechos fundamentales.

Para el alto tribunal no puede calificarse la extralimitación de funciones a la investidura de fuerza pública, como situación conexa a su ejercicio de control y vigilancia del orden público, pues la presunta configuración de un acto punible como el de lesiones personales, tipificado por el Código Penal en su capítulo III,  vuelve ello un factor para determinar que se fracturó el nexo funcional del agente o los agentes con el servicio; razón por la cual, dicho acto o conducta punible debe ser estudiada por la jurisdicción penal ordinaria.