Proceso en el Consejo de Estado contra destitución de Gustavo Petro entra en su recta final

Para el próximo 25 de agosto fue citada la audiencia en la cual se conocerán los alegatos de conclusión por parte de la defensa del Alcalde de Bogotá y el representante de la Procuraduría General.

La Sala Plena del Consejo de Estado fijó para el próximo 25 de agosto la audiencia de alegatos de conclusión y juzgamiento en el proceso que se adelanta contra el fallo de la Procuraduría General que destituyó e inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.

El mandatario distrital interpuso un recurso de nulidad y restablecimiento el derecho en contra de los actos administrativos del 9 de diciembre de 2013 y 13 de enero de 2014, emitidos por la Sala Disciplinaria, que lo sancionaron por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo.

En el estudio de este caso el alto tribunal emitió medidas cautelares a favor del Alcalde de Bogotá, lo que le permitió regresar a su cargo mientras se toma una decisión de fondo en este caso que busca tumbar la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría. En la acción se asegura que se le vulneró el debido proceso y derecho a la defensa.

Petro Urrego fue sancionado disciplinariamente por las falencias en la recolección de basuras, dentro del nuevo esquema, durante los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012. La Procuraduría General consideró que el mandatario cometió "tres faltas gravísimas" entre las que se encuentran asignar la prestación del servicio de aseo al  Acueducto de Bogotá y a Aguas de Bogotá, empresas que no tenían ninguna experiencia en el tema; la vulneración de los derechos a la libre empresa y competencia al impedir a operadores agenos al Distrito prestar el servicio, y el uso de volquetas sin las condiciones mínimas establecidas, poniendo en riesgo el medioambiente y al salud pública.

En este proceso declararon el contratista Emilio Tapia Aldanada -condenado a 3 años de prisión por el 'carrusel'-, el abogado Manuel Sánchez -quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía por este escándalo-, trabajadores de Aguas Bogotá y empresas recolectoras de basura en la capital de la República.

El mandatario distrital argumenta que en este caso se presentó un complot por parte de los operarios privados de aseo para dificultar la recolección y transporte de basuras.