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El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado cuestionó los argumentos presentados por el fiscal General, Eduardo Montealegre Lynnet en su demanda contra la reforma al equilibrio de poderes presentada el pasado mes de agosto ante la Corte Constitucional. Para el jefe del Ministerio Público las conclusiones presentadas no tienen un sustento jurídico.
En el concepto de 16 páginas presentado ante el alto tribunal, Ordóñez Maldonado califica de “fatalistas” algunas de las conclusiones a las que llegó el jefe del ente investigador frente a la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 1, 18, 19 y 26 del acto legislativo 01 de 2015 por medio del cual se adoptó una reforma al equilibrio de poderes.
A juicio del Procurador General no se presentaron fallas de fondo y de forma en el proyecto avalado por el Congreso de la República, asegurando que no fueron introducidos nuevos elementos para la investigación y juzgamiento de aforados como lo manifestó el Fiscal General. (Ver Peros del fiscal al equilibrio de poderes)
En este sentido aseguró que pese a que el Tribunal de Aforados presentó unas modificaciones si se comprara lo acordado en el primer debate con el trámite legislativo “debo decir que el cambio no fue sustancial y, por el contrario, representó una concreción de una preocupación que tuvo el legislativo desde el primer debate”.
Además considera que no existe justificación para objetar el nombramiento o conformación del tribunal que remplazará al Consejo Superior de la Judicatura. En este punto advierte que la ampliación de los periodos de los actuales magistrados de la Sala Disciplinaria del alto tribunal hasta que se nombren en su totalidad a los nuevos integrantes de la Sala Disciplinaria de la Judicatura es necesario.
"Guarda conexidad con lo aprobado en la segunda vuelta (...) la decisión de ampliar el periodo de los actuales magistrados (...) constituye una solución a un problema que se tuvo en consideración desde el primer debate", precisa un de los apartes del documento que será estudiado por la Corte Constitucional en las próximas semanas.
Se reseña además que "la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y su reemplazo por otros órganos que ahora se van a encargar de la administración y gobierno de la Rama Judicial constituyen una reforma institucional que pretende asegurar un equilibrio en la interacción de las ramas del Poder Público", hecho por el cual no son de bien recibo los cuestionamientos presentados por el Fiscal General.