Procurador destituyó e inhabilitó por 12 años al Superintendente Financiero por caso Interbolsa

Se consideró que Gerardo Hernández no cumplió con las funciones de control y vigilancia frente a las operaciones adelantadas por la comisionista de bolsa.

Archivo El Espectador

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos al superintendente Financiero, Gerardo Alfredo Hernández, por omitir sus funciones de control y vigilancia frente a las operaciones que adelantó en el año 2011 y 2012 la comisionista de bolsa InterBolsa S.A.  

La decisión del Ministerio Público afecta también al superintendente Delegado para Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad, Diego Mauricio Herrera Falla y a la superintendente Delegada Adjunta para la Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado Rosita Esther Barrios Figueroa.

Explicó el procurador que a los tres funcionarios mencionadosse les impone sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años “.

También indicó el procurador que la entidad de control encontró probado “que la comisionista InterBolsa ejecutó una actividad insegura, ilegal o no autorizada, con ocasión en el riesgo de contraparte asumido por su participación en un negocio que desarrolló en cuenta propia y cuyo riesgo fue transmitido a sus clientes”.

Para el Ministerio Público es claro que el Superintendente, pese a conocer las irregularidades en la manipulación de la empresa Fabricato no tomó las acciones preventivas frente a esos hechos, tendientes a evitar el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores.

En este punto clave el Procurador General citó una reunión celebrada el 18 de junio de 2012 en la cual los funcionarios de la Superintendencia le presentaron un informe a Hernández sobre la situación de iliquidez en la que se encontraba la comisionista de bolsa. Pese a esto no se tomaron las medidas necesarias.

El Ministerio Público consideró que pese a que se conocían de las alteraciones en el mercado accionario adelantado por el denominado Grupo Corridori (liderado por el inversionista italiano Alessandro Corridori), el funcionario se tardó en hacer las respectivas denuncias ante las autoridades competentes con el fin de suspender provisionalmente estas operaciones.

El Procurador General señaló que el Supreintendente tenía la función preventiva que le permitía actuar oportunamente y no lo hizo, llamando la atención sobre el hecho de que no fue hasta el 14 de noviembre de 2012 que puso en conocimiento de la Fiscalía General estos hechos. .

No fue si no mucho tiempo después que se tomaron las acciones frente a este caso que ya eran de conocimiento general”, precisó el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, en rueda de prensa.

En la investigación disciplinaria, la Procuraduría General encontró elementos materiales probatorios que permitieron inferir que pese a las alertas tempranas sobre las irregularidades que se estaban presentando en la considerada mayor comisionista de bolsa del país

El ógano de control disciplinario adelantó visitas especiales al Autorregulador del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Colombia, al ministerio de Hacienda, al Banco de la República y a la superintendencia Financiera. De estas visitas administrativas se recaudó abundante prueba documental y se escucharon versiones libres de algunos investigados.