Hugo Aguilar quiere demandar al procurador Fernando Carrillo ante la Comisión Interamericana

Exgobernador de Santander, Hugo Aguilar. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Los abogados Sergio Ramírez y William de Jesús Soto, defensores del coronel (r) y exgobernador Hugo Aguilar, este martes 20 de marzo presentarán una demanda contra el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, argumentando presión indebida en el proceso penal que se adelanta en contra del coronel (r), su exesposa, Mónica María Barrera Carreño, y su exsuegra, Socorro Carreño Miranda. Los tres están siendo investigados por, supuestamente, haber lavado activos del Bloque Central Bolívar.

Los abogados solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de amparo a favor de Aguilar, señalando “una violación al principio constitucional del debido proceso ejercida por las manifestaciones del señor Procurador General ante los medios de comunicación en Colombia”, según señala un comunicado de los defensores.

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Entre las razones que los abogados de Aguilar presentarán ante la Comisión, se afirma que Carrillo se “extralimitó en el ejercicio de sus funciones” debido a que en un comunicado de prensa de la entidad pidió que el delito por el cual debía ser juzgado el coronel (r) y su familia debía ser el de enriquecimiento ilícito de servidores públicos, por lo que “se abrogó funciones propias de la Fiscalía General de la Nación”, las cuales no le correspondían.

Adicionalmente, los defensores aseguran que se presentó una afectación de los derechos fundamentales de estos tres sindicados cuando la Procuraduría afirmó que “los investigados debían ser merecedores de una medida de aseguramiento privativa de la libertad intramural una vez se proceda a la readecuación de la conducta por enriquecimiento ilícito de servidor público”, se lee en el escrito.

Por esa razón piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que impongan medidas cautelares, con el fin de salvaguardar el derecho fundamental de la libertad de sus defendidos. Del mismo modo, solicitan que se requiera a la Procuraduría para “que no usurpe las funciones legales y constitucionales de la Fiscalía General de la Nación”. También que se garantice una actuación imparcial y objetiva por parte de los procuradores judiciales que actúen al interior del proceso y, finalmente, que se proteja y se garantice el derecho fundamental a la libertad de los investigados hasta tanto un juez no tome una decisión final en las investigaciones.

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El exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, fue capturado el pasado 21 de febrero por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. De acuerdo con información de la Fiscalía, Aguilar a través de su exesposa Mónica María Barrera Carreño; y Yeison Albeiro Sáenz Plazas, un presunto testaferro, “habría intentado legalizar y ocultar recursos obtenidos por su relación con estructuras del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las autodefensas”. En desarrollo de la investigación también se documentó que no existe justificación ni soporte frente a $2.500’000.000 que harían parte del capital del exfuncionario y su familia. 

El inicio de esta investigación fue una foto divulgada hace casi un año, en la que Aguilar conducía un convertible Porsche avaluado en no menos de $350 millones. Un dato que cobró relevancia, pues el exgobernador había asegurado ante la justicia que solo podía pagar $500.000 mensuales por la multa de 10.750 salarios mínimos (más de $6.300 millones al momento del fallo) en el marco de su condena por parapolítica. La Corte Suprema lo sentenció a nueve años de prisión por sus nexos con el Bloque Central Bolívar, precisamente el grupo paramilitar al que, además, le habría lavado activos, asegura hoy la Fiscalía.