:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/TpzvRzwMqHygHJR6C-2uT403_5s=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/UQOMTVGFVNGQNEGADIGCMOKSLM.png)
El procurador general, Fernando Carrillo, cree que se deben tomar decisiones pronto para “garantizar la realización del proyecto de infraestructura vial denominado Ruta del Sol”, diseñado para unir a Cundinamarca con la Troncal Caribe, y cuyo Sector 2 fue asignado a la constructora brasileña Odebrecht en 2010. Por eso, ya radicó en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular en contra de la concesionaria Ruta del Sol S.A.S., que conforman Odebrecht y sus socios.
Carrillo presentó el recurso el pasado martes 24 de enero, es decir, un día antes de anunciar que la Procuraduría abrió investigaciones preliminares por el caso de Odebrecht, cuyos representantes admitieron ante la justicia de Estados Unidos haber pagado al menos US $11 millones en sobornos a funcionarios del Estado para conseguir contratos. Los pliegos de cargos fueron, como se esperaba, para Gabriel García Morales y Otto Bula, pero también salieron a flote otros nombres, como el del actual director de la ANI Luis Fernando Andrade.
En su acción popular, el procurador pidió “que se declare que se han vulnerado los derechos colectivos de la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos, a su prestación eficiente y oportuna, con ocasión de los actos de corrupción aceptados y confesos por los representantes de Odebrecht y por el ex-viceministro de Transporte y ex-director encargado del INCO”.
Ese exviceministro que menciona Carrillo en su documento de 56 páginas, Gabriel García Morales, ya aceptó haber recibido un soborno de unos $6,5 millones de Odebrecht. Dado que en 2009 él ejercía como director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), desde esa posición pudo estructurar el proceso de licitación del sector 2 de la Ruta del Sol, que en diciembre de 2009 se ganaron Odebrecht y sus socios. Otto Bula, en cambio, rechazó los cargos imputados.
Seguido de esa solicitud, el procurador Carrillo expuso la parte fundamental de su petición: solicitó que se adopten los correctivos “que aseguren o propendan por la continuidad y mejora del servicio público de transporte en las vías concesionadas y en las obras públicas de la Ruta del Sol (Sector 2)”. Para lograrlo, el alto funcionario sugirió varios caminos.
El primero, que se le ordene a la ANI o a quien corresponda tomar posesión del contrato. El segundo, que el contrato sea cedido temporalmente mientras se adelanta “un nuevo proceso de selección objetiva”. El tercero, tomar posesión de obras, muebles, inmuebles e infraestructura afectados por el proyecto. El cuarto, celebrar nuevos contratos para “garantizar la realización del proyecto de infraestructura vial denominado Ruta del Sol”
De igual manera, Carrillo le pidió al Tribunal de Cundinamarca que proceda ante las empresas del grupo Odebrecht para que estas le paguen al Estado colombiano los US $11 millones que, se supone, fue la suma que Odebrecht pagó en sobornos en el país. Asimismo, que el Tribunal declare que solo Odebrecht y sus socios son “responsables por los daños, perjuicios e indemnizaciones que durante la ejecución del contrato” de la Ruta del Sol.
Por último, el procurador le pidió al Tribunal que si este le da la razón, el fallo de esta acción popular tenga “prevalencia sobre cualquier decisión arbitral o judicial que se adopte” en relación con este tema. Y acto seguido, pidió que en consecuencia “se ordene también que: se desestiman las pretensiones de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol SAS en los procesos arbitrales que se adelantan” por la Ruta del Sol. Alegando múltiples obstáculos para ejecutar ese contrato, Odebrecht demandó al Estado por casi $800.000 millones.