Procurador le pide a la Corte que se declare inhibida para estudiar demanda por el Pacto de Bogotá

El Ministerio Público consideró que el alto tribunal no puede proferir decisiones de fondo frente a los tratados internacionales aprobados por el Gobierno y el Congreso.

En un concepto, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Sala Plena de la Corte Constitucional que se declare inhibida para estudiar la demanda interpuesta en contra del Pacto de Bogotá firmado entre Colombia y Nicaragua en 1948.

El Ministerio Público manifestó que el alto tribunal debe proferir un auto inhibitorio o una inexequebilidad condicionada frente a esta acción judicial al considerar que no tiene la competencia para tomar una decisión de fondo frente a estos tratados.

“La Corte Constitucional es incompetente para proferir decisiones de fondo sobre tratados internacionales que están en ejecución y que han sido aprobados por el Gobierno y el Congreso de la República”, precisó el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado.

En su concepto, el órgano de control disciplinario cuestionó el hecho de que se aceptara estudiar la demanda presentada por el presidente de la República ya que no se pueden presentar este tipo de acciones jurídicas buscando la inconstitucionalidad avalados por tratados internacionales.

El llamado Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, aprobado a través de la ley 37 de 1961, es el acuerdo que tiene en apremios al Estado por que lo obliga a aceptar las decisiones que la Corte Internacional de la Haya tomó en noviembre de 2012, respecto al diferendo limítrofe con Nicaragua.

Con la demanda del Jefe de Estado, Colombia se retira del Pacto que reconoce la jurisdicción de la Corte de La Haya. (Ver Demanda del Presidente en contra del pacto de Bogotá "es tardía": Juan Lozano)