Procurador tiene la competencia para sancionar disciplinariamente a congresistas

Así lo determinó la Corte Constitucional al resolver la acción de tutela presentada por la exsenadora Piedad Córdoba.

La Corte Constitucional determinó que el procurador General de la Nación tiene la competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a los senadores y representantes a la Cámara.

Así se definió durante el debate jurídico frente a la tutela interpuesta por la exsenadora liberal, Piedad Córdoba, con la que buscaba anular el fallo de la Procuraduría General que la destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos.

En la acción, la excongresista manifestó que el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado no tenía la competencia para investigarla disciplinariamente, puesto que esta facultad era del Consejo de Estado.

Sin embargo, la Sala consideró que el Procurador General si tiene las competencias para ejercer la vigilancia superior de las funciones desempeñadas por los congresistas, en su calidad de servidores públicos y miembros de una corporación pública de elección popular, para lo cual puede adelantar las investigaciones e imponer las sanciones disciplinarias definidas en la ley.

En este caso se indica que esta competencia le fue otorgada al jefe del Ministerio Público, señalando que en los debates al interior de la Asamblea Nacional Constituyente fue clara y expresa la voluntad de sujetar la conducta de los congresistas al control disciplinario del Procurador General de la Nación, teniendo como norte que uno de los propósitos centrales de ese proceso fue introducir “serias y profundas reformas” al régimen de los parlamentarios, “uno de los aspectos vitales” de aquél proceso de renovación institucional.

Igualmente el alto tribunal tuvo en cuenta el hecho de que la misma Corte Interamericana también avala las sanciones administrativas bajo las garantías del debido proceso.

Indicó que la aplicación de dicha Convención debe partir del diseño institucional de cada Estado, como lo reconoce el instrumento internacional al indicar que corresponde a la ley reglamentar el ejercicio de los derechos políticos y el mecanismo de sanción. Esta Corporación resaltó la importancia de armonizar los tratados internacionales de derechos humanos con la Constitución, a partir de una interpretación coherente, sistemática y teleológica.

De otra parte, la Corte encontró constitucionalmente válido que se atribuya competencia al viceprocurador General para asumir el conocimiento de un proceso, no solo cuando el Procurador General se declara impedido o cuando acepta la recusación presentada en su contra, sino también cuando no la acepta alegando que no está incurso en la causal que se le imputa.