Procuraduría abrió investigación preliminar al concejal de Chía

El Ministerio Público inició la recolección de elementos materiales probatorios.

La Procuraduría General le abrió investigación preliminar al concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez, quien en la madrugada del pasado domingo protagonizó una persecución cuando presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol.

El Ministerio Público inició la recolección de pruebas, entre las que se encuentran las declaraciones de los agentes de la Policía que participaron en la acción, así como el video de Noticias RCN en el que quedó registrada parte de la persecución.

Igualmente se pidió un informe de la Policía Nacional sobre lo sucedido, y la versión libre del concejal, quien recuperó su libertad en la tarde del pasado lunes festivo después de que la Fiscalía retirara la solicitud para la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Vale recordar que en estos momentos el órgano de control disciplinario estudia el recurso de apelación presentado por parte de la defensa del cabildante municipal en contra de la sanción que lo destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al determinar que incurrió en tráfico de influencias.

Ya es reincidente

No es la primera vez que el nombre del concejal Martínez se ve envuelto en una polémica. En octubre del año pasado fue publicado un video en el cual aparecía golpeando e insultando a un grupo de agentes de la policía quienes le iban a imponer una multa por manejar su moto con una menor de edad que no portaba casco ni chaleco reflectivo.

Al ser informado de la infracción de tránsito cometida, se alteró y se valió de su cargo para proferir amenazas e influenciar a los agentes que realizaban dicho operativo, impidiendo la acción policial. Por estos hechos el pasado 28 de agosto la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 10 años en fallo de primera instancia al determinar que incurrió en tráfico de influencias. Esta decisión que fue apelada por la defensa del cabildante hecho por el cual continúa en su cargo.

En la decisión, el Ministerio Público consideró que de manera que el concejal, en forma injustificada, ejerció un comportamiento injurioso e irrespetuoso sobre patrulleros de la Policía que adelantaban un operativo que lo afectaba justificando su accionar en su investidura.
Para el órgano de control “no le era posible, entonces, interferir de forma indebida, para pretender sacar provecho de su posición dominante, acudiendo a su investidura de concejal para influir en forma indebida y obtener un beneficio directo y personal”.

El concejal incurrió en falta gravísima establecida en el artículo 48 del numeral 42 del Código Disciplinario Único, el cual advierte que constituye falta gravísima “influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero (…)”.

Igualmente, en el fallo de primera instancia se ordenó compulsar copias de esta decisión disciplinaria a la Policía Nacional y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Chía, para que se investigue a los policías que hicieron parte del operativo y al agente de tránsito de Chía, sobre “el procedimiento legal realizado con relación a la mujer menor de edad, al parecer, que actuaba como parrillera de la motocicleta el día de los hechos, específicamente para que se indique por qué razón no aparecen sus datos personales registrados en libro o informe alguno”.

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