La Procuraduría General abrió investigación preliminar por la presunta participación de miembros del Ejército Nacional en los hechos que rodearon el robo de armamento del batallón de Artillería No. 8 San Mateo, ubicado en la ciudad de Pereira. Los hechos se registraron el pasado mes de diciembre.
El Ministerio Público inició la recolección de elementos materiales destinados a establecer los móviles y responsables directos del robo de cerca de 300 armas. Por estos hechos son procesados penalmente actualmente un sargento y un soldado profesional, éste último aceptó su responsabilidad en el robo.
A través de su Delegada para las Fuerzas Militares, determinó ejercer el poder preferente en caso de que al interior del batallón se hubiera iniciado actuación disciplinaria por los hechos objeto de la presente indagación y, en consecuencia, solicitará al batallón la remisión del respectivo expediente.
Según la investigación de la Fiscalía General dicho armamento le fue vendido a la fracción del Clan Úsuga que delinque en el norte del Valle del Cauca. En la audiencia se manifestó que aprovechando el fácil acceso que tenían como bodegas, puesto que el suboficial era almacenista del armerillo y el soldado era su ayudante pudieron sacar el armamento.
En la diligencia celebrada el pasado 3 de febrero la Fiscalía General les imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico, porte y fabricación de armas de fuego de uso privativo y de las Fuerzas Militares. Ante la pregunta del juez el soldado profesional aceptó cargos mientras que el sargento se declaró inocente.
En las pruebas presentadas durante la audiencia de imputación de cargos se indicó que tras hacer una interceptación de las comunicaciones de algunos miembros de la banda delincuencial se registraron conversaciones sobre la compra de dicho armamento, el pago y la forma en cómo iba a ser entregado.
Hasta el momento la cifra de armas asciende a 403, entre los que se encuentran 109 fusiles, 188 revólveres, 87 pistolas, 11 escopetas, 3 subametralladoras y otras armas de largo alcance, que desaparecieron del Batallón ubicado en la capital de Risaralda.
En las interceptaciones se pudo establecer que las armas largas eran vendidas por cifras entre tres y cinco millones de pesos, mientras las cortas fueron ofrecidas entre los $800.000 y $1.500.000.
Igualmente se indicó que los militares en los últimos seis meses adquirieron nuevos y costosos carros, sus esposas se hicieron cirugías y tenían otros lujos que no coincidían con sus respectivos sueldos.