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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra de Roberto Prieto Uribe, en su condición de representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según el ente de control, Prieto habría gestionado intereses privados de la sociedad Marketmedios Comunicaciones S.A., en relación con asuntos que pudo haber conocido mientras atendía los intereses del Estado, ante ese organismo internacional de crédito.
La Procuraduría estimó necesario investigar si la contratación con los recursos que recibió Colombia del BID y que fueron contratados por entidades públicas con la sociedad Marketmedios Comunicaciones, estuvieron mediados por la intervención de Prieto Uribe. Lea también: Caso Odebrecht: El "reversazo" de Roberto Prieto
La representación de Colombia ante un organismo internacional implica necesariamente el ejercicio de función pública, al punto que su designación se produjo por decisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicha condición exige cumplir a cabalidad el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses atribuible a cualquier servidor público del Estado colombiano.
La contratación de Marketmedios con entidades del Estado superaría los 80 mil millones de pesos en los últimos años.
Recientemente, Prieto salió públicamente a reconocer que hubo “una operación irregular” en la financiación de la primera campaña de Santos, en la que se recibió dinero de Odebrecht, en concreto, 400.000 dólares para afiches.
Con el ahora presidente ganador de las elecciones en 2010, vinieron las recompensas para Prieto. La compañía Marketmedios, constituida en 2002 por él y su familia, que incrementó sus contrataciones con entidades del Estado. De hecho, en la indagación que abrió la Procuraduría la semana pasada contra Prieto se relacionan más de 20 contratos, en igual número de entidades oficiales, por un valor superior a los $20.000 millones.
Entre 2014 y 2016 Marketmedios Comunicaciones se consolidó como importante contratista, en su mayoría con convenios adjudicados directamente. Se trata de once contratos con adiciones que superan los $2.500 millones.