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La Procuraduría General absolvió al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva en el marco del proceso disciplinario que se le adelanta por su presunta participación en el cargo de enriquecimiento ilícito de servidor público relacionados con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá el 19 de abril de 2010.
En el fallo conocido por ElEspectador.com, el Ministerio Público consideró que todas las pruebas documentales presentadas investigación disciplinaria van dirigida a inferir que no se presentó un incremento injustificado en el patrimonio de Arias Leyva y mucho menos una irregularidad en el proceso de cesión del apartamento a su esposa.
Los hechos materia de investigación hacen referencia al informe presentado por la Unidad de Investigaciones contra la Corrupción de la Contraloría General “mediante el cual pone de presente los presuntos hechos relacionados con un incremento patrimonial injustificado, en los que según dicho ente de control puede estar involucrado el doctor Andrés Felipe Arias en su condición de ministro de Agricultura para la época de los hechos”.
Sin embargo para el órgano de control disciplinario no se presentaron elementos que permitieran justificar estas afirmaciones, ya que según los documentos oficiales presentados por el exministro de Agricultura todo el proceso de compra y cesión de las escrituras del apartamento cumplieron con los requisitos exigidos por la ley. Para esto se tuvieron en cuenta los documentos de la fiduciaria , los bancos que participaron en las operaciones, los movimientos bancarios de Arias Leyva y su esposa, Catalina Serrano así como todos los detalles de las operaciones.
“Evidencia claramente que en cuanto el abono extraordinario efectuado por la esposa del doctor Andrés Felipe Arias Leyva ninguna irregularidad puede afirmarse, puesto que en realidad éste consistió en la disposición de parte de su patrimonio -consistente en el capital consignado al fondo de pensiones voluntarias-, a efectos de cubrir un pasivo que ésta misma asumió por virtud de la cesión de los derechos fiduciarios celebrada con el implicado, en la cual quedó titular de la totalidad de los compromisos adquiridos en virtud de la adquisición de la propiedad del inmueble”, precisa uno de los apartes de la decisión.
En este sentido se considera que no se cumplen los requisitos que permitan inferir un enriquecimiento ilícito o incremento patrimonial injustificado por parte del exjefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural “pues como se ha venido esbozando, el abono extraordinario cuestionado, se cubrió con el patrimonio de la señora Catalina Serrano, proveniente de su fondo de pensiones voluntarias, la conducta endilgada como irregular por el ente de control fiscal no tuvo ocurrencia por lo que frente a este hecho se procederá al archivo definitivo de las diligencias”.
Para el despacho del Procurador General “ningún incremento injustificado del patrimonio” de Arias Leyva puesto que “logró demostrar que los usos que se consignaron en los informes técnicos, correspondían a la disposición de su patrimonio y que los mismos tenían como fuente principal sus ingresos laborales, dentro de lo que se debe tener en cuenta los viáticos, venta de algunos vehículos, retiros bancarios para compra y financiación de vivienda entre otros, lo cual desvirtúa la existencia de la conducta investigada”.
Ante esto se “ordena la terminación de la presente actuación disciplinaria y en consecuencia de lo anterior disponer el archivo definitivo de las diligencias a favor del doctor Andrés Felipe Arias Leyva, en su condición de ministro de Agricultura para la época de los hechos, por virtud de estar demostrada la inexistencia de la conducta investigada”, precisa el resuelve del fallo de 24 páginas.
La Procuraduría General destituyó e inhabiitó por 16 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades que rodearon la celebración de convenios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), Por estos mismos hechos enfrenta un proceso en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.