A través de una carta dirigida a Carlos Alfonso Negret, el defensor del pueblo, la Procuraduría manifestó su preocupación por las constantes amenazas de las que funcionarios de la Defensoría del Pueblo han sido víctimas en varias regiones del país y por las cuales han tenido que salir de la zona asignada. Lo cual, según señaló la misiva, habría producido irregularidades en el pago del salario mensual que como funcionarios de la entidad reciben.
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La Procuraduría por su parte señaló que, aunque entiende que la necesidad de la Defensoría del Pueblo de mantener la labor comunitaria en los lugares donde hay mayor amenaza, recalcó la importancia de solucionar los inconvenientes lo antes posible. “Nos permitimos solicitar fortalecer las rutas del diálogo y la interlocución entre los funcionarios y el equipo directivo de la Defensoría, a fin de poder hallar rutas que permitan avanzar en salidas urgentes ante las graves situaciones de amenaza y riesgo que enfrentan dichos funcionarios”, señaló el Ministerio Público.
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La Procuraduría ofreció su disposición para promover los espacios de diálogo para solucionar los inconvenientes administrativos que han causado dificultades, “este organismo de control ofrece su disposición y voluntad para promover los espacios necesarios de diálogo, en aras del cumplimiento de la labor constitucional y legal del Ministerio Público y en especial de la protección y defensa de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia”, concluyó la entidad de control.