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En agosto de 2017 la Procuraduría General anunció la apertura de investigación en contra de Roberto Prieto como director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por supuestamente favorecer un contrato con la empresa de comunicaciones Marketmedios en diciembre de 2013, que es de propiedad de su familia. Más de dos años después, la entidad decidió archivar el caso al no encontrar pruebas de esas gestiones que se le habían endilgado.
Así quedó establecido en auto conocido por este diario del Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal Camilo José Orrego Morales que fue firmado el pasado 28 de octubre. “Los medios de prueba dan cuenta que el señor José Roberto Prieto era un funcionario del BID que ejercía funciones propias de dicho organismo internacional y que, además, según lo informado por representantes del BID en Colombia, no intervino ni en el procesamiento de las operaciones de crédito 3130/OC-CO y 3078/OC-CO, ni en su aprobación al interior del Directorio Ejecutivo”.
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La decisión, además, afirma que Prieto ya había dejado su cargo en el BID para el momento en que ambos contratos de préstamo fueron aprobados y firmados. “(…) el señor José Roberto Prieto no firmó documentos relacionados con el trámite de los contratos de préstamo (…) ni intervino en la etapa anterior a su presentación ante el Directorio Ejecutivo”, agrega la decisión. Prieto, ex asesor de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, fue condenado este año a cinco años de prisión, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, por irregularidades en la adjudicación a Yuma Concesionaria de un tramo de la Ruta del Sol, entre otros.
Prieto fue condenado por los delitos de falsedad en documento privado por un contrato con Interbolsa; falsedad en documento privado por otro acuerdo con Megaland; tráfico de influencia en particulares e interés indebido en la celebración de contratos por varios hechos: por la elaboración de afiches para la campaña presidencial de Santos en 2010; los aportes de Odebrecht a la campaña de Santos en 2014; los aportes de Interbolsa a la campaña de 2010, y la adjudicación del contrato de construcción de ouente Plato en la Ruta del Sol 3.
(En contexto: Los detalles de la condena a Roberto Prieto por irregularidades en Ruta del Sol 3)
Según la condena, Luiz Antonio Bueno y Luis Eduardo da Rocha, miembros de Odebrecht, señalaron que la empresa brasileña dio US$ 450.000, entregados a través de Gabriel García Morales (exviceministro de Transporte), a la campaña presidencial de Santos. Este dinero se giró para “financiar la elaboración de afiches de dicha campaña, siendo nombrada en contraprestación María Fernanda Valencia Falquez (candidata ese año a la Cámara por el partido de la U) como directora de Artesanías de Colombia en el año 2011”.
El otro hecho ocurrido en la campaña de 2010 fue la entrega de dinero por parte de Interbolsa S.A., que no fue contabilizada de manera oficial. “El encausado pidió al entonces presidente de Interbolsa una suma de dinero que se canceló directamente por parte de esa empresa a Francisco Ortiz Producciones, dinero que nunca se contabilizó en la campaña”. En total, fueron cuatro pagos: de $ 92 millones, de $ 104 millones, de $ 40 millones y uno final, por concepto de IVA, de $25 millones.
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En cuanto a la campaña de 2014, en la sentencia se relató que “se logró corroborar por parte del ente investigador que existió un contrato celebrado entre los representantes de Odebrecht y la empresa Paddington (filial de la empresa de publicidad Sancho BBDO, contratada por Prieto para la campaña), tendiente a la elaboración de unas encuestas”. Para tal fin, se entregó un millón de dólares “como contribución a la campaña, materializados en un estudio sobre la situación política de las principales capitales del país”.