Procuraduría archivó indagación contra funcionarios por visitas sin permiso a La Habana

La Sala Disciplinaria no encontró pruebas suficientes para abrir un proceso formal.

La Procuraduría General archivó la indagación preliminar contra funcionarios públicos por presuntamente viajar a La Habana (Cuba) para reunirse con los negociadores del Gobierno y las Farc sin autorización en septiembre de 2013. La Sala Disciplinaria no encontró elementos materiales probatorios para abrir una investigación formal.

Después de dos años se determinó que no habían pruebas documentales o testimoniales para inferir que los funcionarios públicos viajaron sin autorización expresa del Gobierno Nacional. El órgano de control disciplinario encontró que “no existen elementos” para inferir la “presunta comisión de una conducta disciplinable”. 

“Mucho menos que algún servidor público, sobre el cual se pueda continuar la actuación disciplinaria, esté individualizado o identificado”, señala la decisión revelada por Caracol Radio. En la apertura de la indagación se manifestaba la necesidad de saber quiénes viajaron a La Habana y el propósito del viaje. 

Esto basándose en una información sobre servidores públicos que “al parecer sin recibir las autorizaciones o los trámites previos para el efecto, se han desplazado a la ciudad de La Habana con el fin de participar en reuniones con grupos al margen de la ley”. (Ver En busca de los viajeros a Cuba)

En la indagación se citan las operaciones ‘Odiseo’ (en la que fue abatido ‘Alfonso Cano’) y ‘Sodoma’ (en la que fue abatido el ‘Mono Jojoy’), se conocieron supuestas conductas que “podrían enmarcarse en hechos punibles y/o faltas disciplinarias cometidas por particulares y/o servidores públicos”. Esa información quedó radicada para promover una “actuación separada”.

La Procuraduría General le solicitó los respectivos reportes a la Presidencia, el Congreso, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la relación de las salidas del país de los servidores públicos que estén en los informes. De esta manera, salta a la vista que el propósito es conocer a qué fueron a Cuba y, de ser posible, si se reunieron con las Farc sin el permiso del Gobierno.