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La Procuraduría General archivó la investigación disciplinaria que se adelantaba en contra del general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán por sus presuntos vínculos con grupos armados ilegales. El Ministerio Público determinó que no existen elementos materiales probatorios para abrir un proceso formal al excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
El despacho del procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado ordenó la terminación del proceso disciplinario en contra del general en su calidad de comandante de la Policía de Antioquia y comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Medellín). Esto debido a que no se encontró un soporte probatorio de los señalamientos por vínculos con narcotraficantes.
En este sentido se consideró que tras recibir testimonios se consideró que no se pudo comprobar el dicho del general (r) Mauricio Santoyo Velasco, así como los excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez y Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco' y el extraditado narcotraficante Hernán Gómez Bustamante, alias 'Rasguño' en contra del oficial.
En sus declaraciones manifestaron que el general Martínez había "realizado alianzas y mantener nexos con grupos armados al margen de la ley" dedicados al narcotráfico, "específicamente con miembros de la organización delincuencial de la "Oficina de Envigado", en la época en que regentó los cargos de comandante de la Policía de Antioquia y posteriormente Comandante de la Policía de Medellín".
El órgano de control disciplinario tuvo en cuenta un informe enviado por la Fiscalía General que indica que por los mencionados hechos no ha prosperado ninguna investigación en contral del general Martínez o una imputación de cargos "en cuando a posibles nexos y/o allianza del investigado en su condición de oficial de la Policía Nacional con colectivos ilegales".
Para la Procuraduría General los señalamientos hechos en contra del oficial se desprenden de un informe de la DEA que recogieron las declaraciones de "miembros de las Autodefensas y extraditados a Estados Unidos" que señalaron los vínculos entre varios miembros de la Fuerza Pública, entre ellos el general Martínez, y diferentes organizaciones ilegales en Colombia.
"Aduciendo además que las veces que nombraron al señor Brigadier General Luis Eduardo Martínez Guzmán lo hacen sobre comentarios que en su momento realizó Francisco Cifuentes Villa. Además manifiestan los Agentes de la D.E.A. que el mencionado memorando fue entregado al extraditado brigadier general Mauricio Santoyo, quien lo filtró a los medios de comunicación en Colombia", precisa uno de los apartes del fallo.
En este sentido, considera el despacho de Ordóñez Maldonado, que ni las declaraciones hechas por el general Santoyo -condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos por nexos con grupos paramilitares- y los excomandantes de las AUC son de referencia, es decir no les consta dichas versiones y solamente citan al desmovilizado paramilitar Francisco Villalba.
En el fallo se considera que hasta el las mencionadas declaraciones de origen "no guardan ninguna correspondencia ni ostentan sustento de otros elementos de prueba". A lo largo de la investigación disciplinaria no se obtuvo ninguna otra declaración que corroborara la versión supuestamente entregada por Cifuentes Villa. (Ver Las jnvestigaciones preliminares de la Procuraduría contra el general Martínez)
"No obra en el diligenciamiento en este momento procesal, elemento de convicción que permita asegurar con certeza que Martínez Guzmán, en desarrollo o con ocasión de sus funciones hubiese mantenido reuniones, nexos y/o efectuado pactos con colectivos ilegales, a efectos de su promoción o favorecimiento, puesto que así lo confirma la Subdirección de Inteligencia Militar del Ejército Nacional", indica.
Al certificar que no existe una investigación interna disciplinaria en la Policía Nacional y que las versiones fueron desvirtuadas al hacer la valoración exigida por la ley se ordena el archivo definitivo de la investigación disciplinaria, la cual, vale recordar, fue solicitada por el propio oficial de la Policía en octubre de 2014.