Procuraduría arremete contra aprobación de zonas de concentración de guerrilleros

El Ministerio Público aseguró que las personas y víctimas del conflicto que viven en dichas regiones, muchas de ellas en un alto grado de vulnerabilidad, quedarán en manos de los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra.

El procurador general, Alejandro Ordónez. / Archivo

Un día después de que la plenaria del Senado aprobara la reforma a la ley de orden público, que crea las zonas de concentración para las Farc para el desarme y desmovilización, la Procuraduría lamentó que el proyecto permita la creación de estas zonas “en territorios donde habita población civil”.

A través de un comunicado, el ente de control dijo las personas y víctimas del conflicto que viven en dichas regiones, muchas de ellas en un alto grado de vulnerabilidad, quedarán en manos de los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Lo que, según el procurador, está en contra de la Constitución y del derecho internacional, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas.

“La Procuraduría confía en que llegado el caso, la Corte Constitucional pueda corregir las graves falencias de la ley, con el fin de proteger a la población civil y no afectar la lucha contra la criminalidad organizada, ni la seguridad nacional”, concluye el Ministerio Público, que insistió en que los ciudadanos pueden participar a través de consultas populares sobre la creación o no de una zona de concentración de guerrilleros en su territorio.

Este concepto se dio en medio de un histórico acuerdo entre uribistas y santistas que permitió avalar, en una votación unánime, la reforma a la ley de orden público. Que las zonas de ubicación no se crearán donde haya cultivos ilícitos y minería ilegal, ni en las zonas de frontera y que las armas se destruirán son algunas de las conclusiones de lo pactado.