Procuraduría asume investigación por presunto desvío de plata en las FF.MM

Con el material probatorio recolectado, podrían verse comprometidos 12 miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos siete oficiales y cinco suboficiales.

Desde el pasado 5 de abril, la Procuraduría viene adelantó una inspección especial al Comando General de las Fuerzas Militares. Mauricio Alvarado - El Espectador

Desde diciembre del año pasado se vienen presentando denuncias por corrupción en el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) en la que, al parecer, varios millones de pesos provenientes de los gastos reservados y de la seguridad nacional habrían terminado en los bolsillos de algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Por esta razón, el procurador general, Fernando Carrillo, le solicitó al ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, la suspensión de cualquier uso de los recursos de la cuenta de gastos reservados asignados a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (RIMEC). Suspensión que deberá de 30 días.

Dicha solicitud se da con el propósito de que se adopten las medidas necesarias de control para garantizar el manejo de estos recursos. Asimismo, se le pide al ministro de Defensa que informe sobre todas las acciones adoptadas desde este ministerio al respecto. “En aplicación del poder preferente, el despacho del procurador general asumirá todas las investigaciones disciplinarias que por estos hechos o relacionados se adelanten al interior de las Fuerzas Militares”, aseguró el Procurador en rueda de prensa.

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La investigación, revelada por la revista Semana, asegura que entre 2013 y 2017 la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (Rimec) recolectó más de $20.000 millones a través de cuatro compañías de ciberdefensa y ciberataque llamadas Huila, Neiva, Espinal y Villavicencio. Ese dinero iba para un fondo que bautizaron “el ahorro”, que, al parecer, tenía como destino bolsillos privados.

De igual modo, Carrillo le pidió al comandante general de las Fuerzas Militares, general Alberto José Mejía, que designe un oficial de alto nivel para que se encargue de la protección de todas las pruebas que requiera el Ministerio Público para adelantar su investigación. “La Procuraduría ha recaudado elementos probatorios que llevarían a establecer la posible participación de 12 miembros de las Fuerzas Armadas, siete oficiales y cinco suboficiales”, señaló el Procurador.

Carrillo también anunció que en las próximas horas se adelantará una nueva inspección en el Comando General de las Fuerzas Militares, en el Comando Conjunto de Inteligencia y en la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia para que se indague la presunta adquisición de equipos para la interceptación de comunicaciones, el uso que se le habría dado a los mismos y si se afectó con ello a personas relacionadas con el ámbito nacional.

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Entre las denuncias reveladas se encuentra la relacionada con el desfalco al fondo conocido como “El ahorro”. Al parecer, los oficiales pedían una gruesa suma de dinero argumentando viajes en representación del Estado. Para ello, los funcionarios también pedían una especie de recolecta mensual para su escolta, rubro que el mismo Estado cubre. Luego se legalizaba el dinero para que los organismos de control no detectaran el fraude.

Los generales en retiro que se ven comprometidos con la publicación son Juan Pablo Rodríguez, excomandante de las Fuerzas Militares, y Martín Nieto. Rodríguez, asegura Semana, autorizó un viaje con plata de “El ahorro” para que miembros de inteligencia fueran a Las Vegas y compraran unos aparatos llamados “piñas”, para contrarrestar los mensajes que había emitido José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, alertando que algunos oficiales -entre ellos Rodríguez- estaban en el radar de la Corte Penal Internacional (CPI).

Por su parte, la Procuraduría informó que adelantó una inspección especial el pasado 5 de abril al Comando General de las Fuerzas Militares, en desarrollo de la indagación abierta desde el 11 de diciembre de 2017 y, ahora,  le pide al Ministerio de Defensa que adelante las respectivas acciones para verificar el uso de esos dineros.