Procuraduría avala extradición por crimen de agente de la DEA

El Ministerio Público pidió que los siete hombres implicados en la muerte del agente de la DEA James Terry Watson fueran juzgados en Estados Unidos.

Los hombres fueron capturados a finales de agosto de este año. / Policía Nacional

En medio de la polémica que ha suscitado la extradición de siete presuntos miembros de una banda que se dedicaban a realizar paseos millonarios en el Parque de la 93 en Bogotá, y que se vieron involucrados en el asesinato del agente de la DEA James Terry Watson, el procurador general, Alejandro Ordóñez, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que avalara el envío de estas personas a Estados Unidos. Estas declaraciones se unen a las que hizo el pasado 16 de septiembre el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien en nombre de la Fiscalía pidió por primera vez que unos colombianas fueran procesados por la justicia norteamericana por el crimen cometido contra un agente diplomático.

Para el Ministerio Público, Édgar Javier Bello, alias Payaso; Héctor Leonardo López, alias Bavario; Edwin Gerardo Figueroa, alias Garcho; Ómar Fabián Valdés, alias El Gordo; Andrés Álvaro Oviedo; Julio Stiven García Ramírez y Wilson Daniel Peralta, tienen que ser extraditados a EE.UU. para responder por el asesinato de Watson el pasado 20 de junio y, además, por los delitos de concierto para secuestrar a una persona con protección internacional y asalto a un agente o empleado de los Estados Unidos. Igualmente, el procurador Ordóñez en el documento enviado a la Corte Suprema resaltó que es un deber del Estado colombiano cumplir con el deber de fortalecer las relaciones de cooperación en la lucha contra el crimen.

Sin embargo, en varias oportunidades los abogados de los sindicados de haber participado en el crimen, especialmente el de Payaso —quien aceptó ante los medios haber sido el autor del crimen al apuñalar a Watson y ha llorado y suplicado por la no extradición—, han presentado en varias oportunidades recursos ante altos tribunales para frenar el envío de sus defendidos a EE.UU. Para ellos, es la justicia colombiana la que tiene que condenarlos, porque el asesinato del agente de la DEA sucedió en territorio colombiano y por lo tanto el proceso se tiene que desarrollar bajo las leyes de la jurisdicción de nuestro país. Agregaron que también la Constitución de los implicados es la colombiana y no la norteamericana.

Contrario a esta teoría, Fiscalía y Procuraduría sostienen que existen tratados internacionales amparados por la Constitución. Por ejemplo, Montealegre dijo que bajo la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas no importa que el hecho fuera cometido en territorio colombiano y por lo tanto “opera la extraterritorialidad de la ley y estas personas pueden ser juzgadas en el extranjero, específicamente por el Tribunal que los requiere para investigarlos y juzgarlos por la muerte del agente de la DEA”. Asimismo, aseguró que cuando se comete un delito contra un diplomático en territorio extranjero, el país al cual pertenece tiene la potestad de exigir el criterio de extraterritorialidad.

 

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