Procuraduría avala extradición de taxistas responsables de la muerte de agente de la DEA

El jefe del Ministerio Público pidió a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que adelante los trámites necesarios para enviar a EE.UU. a los siete taxistas.

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General presentó concepto favorable a la solicitud de extradición presentada en contra de siete personas por una Corte de Estados Unidos por su participación en los hechos que rodearon el asesinato del agente de la DEA, James Terry Watson registrado el 20 de junio de 2013 en el norte de la capital de la República.

En su concepto, el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado considera que esta petición cumple con todos los requisitos, hecho por el cual le solicitó al alto tribunal que de vía libre a la extradición de los siete taxistas que participaron en el “paseo millonario” a Watson, quien al intentar defenderse recibió electrochoques y heridas con arma blanca mortales.

“Con la extradición se cumple con el deber de los Estados de propender por fortalecer las relaciones de cooperación entre las personas de derecho internacional en la lucha contra el crimen”, precisa uno de los apartes del concepto.

Para el jefe del Ministerio Público los procesados cometieron delitos graves, señalando además que Watson tiene una protección internacional por se un “agente y empleado del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica”.

En el concepto se indica que los procesados incurrieron en concierto para secuestrar a una persona con protección internacional, secuestro de una persona con protección internacional, asalto a un agente o empleado de los Estados Unidos.

En el documento se manifiesta que Colombia tenía la responsabilidad de brindarle la seguridad al agente del organismo internacional, por lo que con la extradición se afianzan los mecanismos para castigar y perseguir a los responsables de este crimen como parte del marco de cooperación entre las dos partes.

El pasado 16 de octubre, el fiscal General, Eduardo Montealegre emitió su concepto también favorable a la solicitud de extradición de estos siete implicados al indicar que el agente de la DEA gozaba de una protección especial avalada por tratados internacionales.

“La Fiscalía General se ampara en este convención de la cual se puede inferir que cuando en territorio extranjero se comete un delito contra un agente diplomático al país al que pertenece puede utilizar el criterio de extraterritorialidad y un Tribunal puede iniciar la investigación y acusación”, indicó el Fiscal General.

En este caso indicó que pese a que el delito fue cometido en Bogotá, el ataque se presentó contra un agente diplomático que está amparado en una protección especial por lo que permite la competencia de la justicia norteamericana.

“La Fiscalía considera que a pesar que el hecho haya sido cometido en Colombia opera la extraterritorialidad de la ley y estos colombianos puede ser juzgados en el extranjeros, específicamente por el Tribunal que lo requiere para investigarlos y juzgarlos por la muerte del agente de la DEA”, indicó.

Estas personas, quienes se encuentran recluidas en la cárcel La Picota de Bogotá, son solicitadas por una Corte de Estados Unidos para que responda por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.

Con esto, la Sala Penal de la Corte Suprema tendrá que tomar una decisión de fondo sobre la solicitud presentada por una Corte del Estado de Virginia.