Procuraduría cierra proceso relacionado con “falsos positivos” a Nicacio Martínez

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Una publicación de The New York Times había puesto al general (r) Nicacio Martínez bajo la lupa, pues les habría dicho a sus comandantes que hiciera “lo que sea” para mejorar los resultados del Ejército. Luego de dos años, la Procuraduría cerró la investigación relacionada con “falsos positivos”.

El excomandante del Ejército Nicacio Martínez Espinel, ahora general en retiro, no enfrentará una investigación disciplinaria por supuestas irregularidades en las ordenes dadas a sus subalternos, en 2019, que podrían haber resultado en casos de “falsos positivos”. La procuraduría le acabó de cerrar la investigación, la cual había empezado el 18 de mayo de 2019 tras una publicación del periodista Nicholas Casey de The New York Times.

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“Luego de analizar las pruebas en la etapa de indagación preliminar, la Sala Disciplinaria de la Entidad evidenció que en ninguna de las certificaciones allegadas al proceso se puede advertir que a los generales del Ejército Nacional se les haya presionado o exigido que cumplieran unas metas mínimas de bajas, capturas o desmovilizaciones”, explicó la Procuraduría, la cual le abrió indagación al excomandante el 27 de mayo de 2019.

De acuerdo con los militares entrevistados por el Ministerio Público, el general (r) Nicacio Martínez fue un comandante que exigió respeto por las normas de la doctrina militar, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Procuraduría agregó que Martínez no incurrió en irregularidades que pueda configurarse como falta y, por tanto, engavetó las carpetas de ese proceso.

En contraste con lo determinado por la Procuraduría, el periodista Nicholas Casey explicó en su reportaje que Martínez, quien comandó el Ejército durante 2019, les habría ordenado a sus tropas duplicar la cantidad de rebeldes y criminales que matan. De acuerdo con las fuentes del reportero, generales y coroneles se reunieron a inicios de ese año para firmar un compromiso, cuyo objetivo habría sido intensificar los ataques a toda costa.

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“Una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados que no ‘exijan perfección’ al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando. Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias”, escribió Casey.

Tal fue la polémica desatada que el periodista de The New York Times se fue de Colombia, tras la oleada de comentarios políticos que desató el reportaje. Una de esas reacciones fue la de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien a través de su cuenta de Twitter dijo que se trataba de un entramado de noticias falsas, agregando una foto que le tomaron a Casey para un artículo que data de marzo de 2016.

“He tomado la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer en Twitter por María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en las últimas 24 horas. Este tipo de acusación no tiene sustento y es grave dado la falta de seguridad que Cabal ya sabe que encontramos en este país como periodistas”, el escribió Nicholas Casey a El Espectador en un correo de mayo de 2019.

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Sin embargo, ese no fue el único escándalo que vivió Nicacio Martínez durante su comandancia en el Ejército. El 22 de abril de 2019, en la vereda Campo Alegre del municipio de Convención (Norte de Santander), el excombatiente de las Farc Dimar Torres fue asesinado por el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez, al parecer en compañía de otros militares. El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que Torres había muerto en un forcejeo, sin embargo, en noviembre de ese año Gómez fue sentenciado a 20 años de cárcel.

Luego, el 1° de mayo de 2020, cuando Martínez ya le había dejado el puesto al general Eduardo Zapateiro, Semana reveló que agentes del Ejército habrían usado recursos públicos para “perfilar” y hacer seguimientos informáticos a más de 130 personas, entre febrero y diciembre de 2019. Entre los “chuzados” se encontrarían periodistas, políticos y líderes sociales. Nicolas Casey sería parte de la lista.

El escándalo les costó el puesto a 12 militares, entre los que estaban Eduardo Quirós, exjefe de contrainteligencia, y Gonzalo García Luna, jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia. Por su parte, al general (r) Nicacio Martínez se le cayó el nombramiento como agregado militar en la embajada de Bélgica, que estaba en manos de otro general en retiro: Ricardo Gómez Nieto.

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