Procuraduría confirmó destitución de Edwin Besaile y Alejandro Lyons

El Ministerio Público reiteró el fallo que destituyó e inhabilitó por 10 años al gobernador y exgobernador de Córdoba por las irregularidades en el pago de medicamentos suministrados en enero de 2015 a supuestos pacientes con hemofilia o la enfermedad de Von Willebrand.

Edwin Besaile y Alejandro Lyons, gobernador y exgobernador de Córdoba. Tomada de YouTube y cortesía de "El Heraldo"

La Procuraduría confirmó el fallo que destituyó e inhabilitó por 10 años al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, y al exgobernador, Alejandro Lyons por las irregularidades y los malos manejos en los pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad.

Para la sala Disciplinaria, en fallo de segunda instancia, tanto Besaile como Lyons no ejercieron su deber de vigilancia y control sobre los actos de su secretario de Desarrollo de Salud, José Jaime Pareja Alemán, quien ordenó pagos por más de $4.900 millones para cubrir terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad. Hechos ocurridos entre diciembre de 2014 y agosto de 2015.

(Lea:Procuraduría destituye e inhabilita por 10 años a Edwin Besaile y Alejandro Lyons)

De acuerdo con el órgano de control, pese a las observaciones realizadas por la Contraloría el 4 de mayo de 2016, donde se encontró deficiencias en la verificación de la prestación del servicio, el departamento, al parecer, se “permitió el pago de más de $1.500 millones a favor de la IPS San José de La Sabana S.A.S. por concepto de suministro de medicamentos No POS a 14 pacientes que supuestamente padecían las enfermedades, al parecer, incrementando injustificadamente el patrimonio de la IPS”.

De igual forma, el Ministerio Público también confirmó la destitución e inhabilidad por 11 años de los exsecretarios de Salud, Edwin Preciado Lourdy y José Jaime Pareja Alemán, por ordenar el pago de las terapias.

(Lea también: La denuncia de Edwin Besaile contra una IPS por el cartel de la hemofilia)

Igualmente, el órgano de control reiteró la tesis que sostenía que para ese momento, la Gobernación no se encontraba en una situación de urgencia que le impidiera planificar y adelantar los correspondientes procesos de contratación, pues, de acuerdo con la Procuraduría, conocía la necesidad que se venía presentando en los últimos años frente a la prestación del servicio y la reiteración de las tutelas.

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2019-01-16T09:54:02-05:00

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Redacción Judicial

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