Se encuentra detenida en la cárcel El Buen Pastor

Procuraduría demandó investidura de la congresista Aída Merlano

Este viernes, ante el Consejo de Estado, el Ministerio Público radicó la demanda contra la representante y electa senadora investigada por la supuesta compra de votos.

Aída Merlano se encuentra detenida por orden de la Corte Suprema de Justicia. Cortesía

Como lo anunció el pasado 16 de marzo, la Procuraduría General radicó en el Consejo de Estado una demanda de investidura en contra de la representante a la Cámara y electa senadora, Aída Merlano, investigada por supuestamente promover una organización criminal –así lo aseguró la Fiscalía– para la compra de votos para su candidatura. En caso de que el recurso prospere, sería la muerte política para la dirigente conservadora.

Merlano está detenida en la cárcel El Buen Pastor porque la Corte Suprema de Justicia encontró evidencias que comprometerían a la congresista con conductas contra la libertad de los ciudadanos de elegir en épocas electorales. Por eso, ante el alto tribunal, es investigada por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir. (En contexto: El testimonio que hundió a Aída Merlano en la Corte Suprema)

En los pasados comicios, ocurridos el 11 de abril, agentes de la Sijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía encontraron en la casa blanca o comando, sede de su campaña política, más de $260 millones, armas de fuego sin salvoconducto y una bolsa llena de certificados electorales. Hallazgos suficientes para que el ente investigador, el 13 de marzo, le pidiera a la Corte Suprema que abriera investigación en contra de Merlano. Y así pasó.

En el curso de las investigaciones en el alto tribunal, el testigo Francisco Rafael Valencia Borrero narró cómo operaba la organización de la representante. Dijo, por ejemplo, que la sociedad era conformada por 2.000 personas aproximadamente, entre coordinadores de grupo y líderes encargados de conseguir votos y zonificar sufragantes. El declarante también afirmó que funcionarios de la Registraduría participaron tiempo atrás para recaudar más información sobre los votantes que participaron en la jornada electoral. (Le sugerimos: Así fue el fraude electoral de Aida Merlano)

El testigo manifestó que por cada voto se cancelaba $50.000 divididos así: $15.000 pesos iniciales que se entregaban cuando la persona se comprometía a votar por Merlano, y luego de entregar el certificado electoral a los “líderes” cancelaban los $35.000 restantes. No obstante, mencionó que cada voto podría valer $70.000 en razón a que los coordinadores y líderes recibían $10.000 por cada sufragio, más unos subsidios de mantenimiento mensual con cuota de transporte.

Además, Valencia Borrero mencionó los apoyos que habría recibido la congresista por parte de reconocidos políticos de la región. Ayudas que, presuntamente, vinieron por parte de la representante a la Cámara Lilibeth Llinás, la diputada Margarita Ballén, el concejal Rubén Zamora, y los exconcejales Vicente Támara y Aizar Castro, “quienes, en retribución a la colaboración brindada por ella en sus propias elecciones, participaban activamente para conseguir votantes para esta, y luego de que fueran captados, se les pagaba su voto”, mencionó el declarante tras confesar que esta campaña gastó $7.000 millones para la compra de votos. (Lea también: Aída Merlano, primera senadora electa investigada por presunta compra de votos)

En su defensa, la congresista conservadora ha manifestado en reiteradas oportunidades que es inocente de los hechos que le atribuyen, que el dinero encontrado en su sede política no tuvo como destino la compra de votos y que, por el contrario, eran del manejo normal de gastos de su campaña. Sobre las armas que fueron encontradas, Merlano manifestó que estaban debidamente certificadas. Su investidura, ahora, está en manos del Consejo de Estado.