Procuraduría destituye e inhabilita por 17 años al gobernador de La Guajira

Francisco 'Kiko' Gómez era investigado por presuntas irregularidades en la contratación de obras.

Al terminar de leer el fallo disciplinario contra Juan Francisco Gómez, más conocido como ‘Kiko’ Gómez, la Procuraduría estableció que su inhabilidad para ejercer cargos sería por 17 años. Para el Ministerio público existieron irregularidades en la contratación del departamento.

A ‘Kiko’ Gómez lo absolvieron por dos cargos por los que era procesado. El primero de ellos fue por errores en la creación del comité evaluador del contrato en la supuesta falta de planeación en la realización de la licitación del contrato de construcción de vías. Esto enmarcado en las irregularidades que se presentaron en el contrato que tenía un valor de $49.000 millones para la construcción de vías priorizadas dentro del plan vial departamental. Sin embargo, la Procuraduría compulso copias para que se investigara si el resto de su gabinete habría tenido culpa alguna.

Por lo que sí lo sancionaron fue por favorecer a una empresa de seguridad en un contrato de $970 millones para que prestaran los servicios de protección en La Guajira. Asimismo, a ‘Kiko Gómez’ la Procuraduría lo señaló de ser el responsable de abrir una licitación pública para pavimentar las calles del corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, con un requisito que estaba por fuera de la ley. Se trataba de que a los ofertantes le obligaba visitar el sitio de la obra para poder participar del proceso de adjudicación, “limitando la participación de eventuales proponentes”.

Gómez en estos momentos afronta dos procesos penales por los cuales está preso. El primero es por la muerte del concejal de Barrancas (La Guajira) Luis López Peralta, asesinado en 1997, y el homicidio de Luis Alejandro Rodríguez y Rosa Mercedes Cabrera el 7 de julio de 2000 en zona rural de Fonseca (La Guajira). El segundo, es por el asesinato de la exalcaldesa de Barranca (La Guajira), Yandra Brito, y su esposo Henry Ustariz. A la mujer la mataron el 28 de agosto de 2012 y a su marido el 3 de abril de 2008.

Además sobre él recae una investigación de la Fiscalía General de la Nación por su presuntos vínculos con grupos paramilitares –principalmente la organización delincuencia de alias ‘Marquitos’.

Durante el proceso, el Ministerio Público escuchó a 12 testigos del mandatario, entre los que se destacan funcionarios, asesores y contratistas de la Gobernación. Ellos habrían dato detalles de cada uno de los contratos suscritos por el mandatario.

Gómez Cerchar es investigado por presuntamente incumplir los lineamientos de la ley de contratación estatal, ya que habría incurrido en irregularidades en la planeación y suscripción de multimillonarios contratos para el desarrollo de obras públicas, seguridad y prestación de servicios públicos.

La defensa del mandatario siempre se mantuvo en que el gobernador nunca cometió irregularidades,  desmintiendo las acusaciones de posibles actos de corrupción.

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