Procuraduría destituyó por 18 años a Samuel Moreno por el ‘carrusel de la contratación’

Esto por las irregularidades presentadas en cesión el contrato de la Fase III de TransMilenio por la calle 26.

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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos al excalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por las irregularidades que rodearon la cesión del contrato 137 de la fase III de TransMilenio durante su administración.

El Ministerio Público determinó que el exmandatario distrital incurrió en faltas disciplinarias puesto que incurrió en irregularidades para la cesión del contrato de la Fase III de TransMilenio que tenían los Nule al Grupo Empresarial Vías de Bogotá, Conalvías que no cumplía con los requisitos exigidos.

"El procurador probó, en grado de certeza, la intervención de Samuel Moreno Rojas en la cesión", precisó el Procurador General al indicasr que el entonces mandatario distrital tenía "intereses directos e ilegales" en dicho procedimiento. Para esto además se utilizaron a las directivas del IDU para la modificación del pliego de condiciones.

Para esto la entonces directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona -quien enfrenta dos procesos penales- realizó maniobras dirigidas para que otras empresas no pudieran participar en este proceso de cesión, esto debido a los incumplimientos en la ejecución del contrato por parte de los Nule.

"La cesión del contrato se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Tequendama el 18 de febrero del 2010, con la activa participación de Samuel Moreno Rojas, quien direccionó ese acto para que se cediera el contrato única y exclusivamente a la promesa de sociedad futura Vías de Bogotá", precisó.

Esto pese a que para la época de los hechos "no estaba habilitada ni jurídica ni financieramente para adelantar las obras de TransMilenio en lo que correspondió a la Fase III de la calle 26", enfatizó el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado en rueda de prensa en la tarde de este martes.

"Una vez hecha la cesión, el IDU procedió a modificar las condiciones del contrato, en precio, plazo y disminución de obra, a través de otrosíes que se firmaron entre febrero y octubre de 2010, los cuales generaron unos sobrecostos que favorecieron en más de 190 mil millones de pesos a Conalvías", explicó.

En la investigación disciplinaria se pudo determinar que Conalvías "no devolvíó lo más de 28 mil millones de pesos al IDU del anticipo al contrato, ya que Liliana Pardo Gaona, como directora general del IDU, determinada por Samuel Moreno Rojas, omitió el cobro por dicho monto" a la empresa beneficiaria. 

"Este complejo y minucioso proceso de investigación disciplinaria arroja como resultado probado que el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, se interesó ilegalmente en el acto de cesión con el que se favoreció a Conalvías por un contrato por valor de 218 mil 352 millones de pesos, aproximadamente", indicó.

En este proceso se tuvieron en cuenta los testimonios del exsecretario jurídico del IDU, Inocencio Meléndez; el expresidente del Concejo, Hipólito Moreno -condenados por el 'carrusel' tras la firma de un preacuerdo- entre otros. "La investigación que se llevó a cabo fue completa y pormenorizada con más de 5 mil folios que componen el expediente. En ella aproximadamente fueron escuchadas 40 personas".

Para la Procuraduría General el exburgomaestre participó en calidad de determinador en las irregularidades que rodearon dicha cesión del contrato. Por estos hechos además se compulsaron copias ante la Fiscalía General para que se investigue al representante legal de Conalvías, Andrés Jaramillo.

Desde septiembre de 2011 Moreno Rojas se encuentra privado de su libertad y actualmente enfrenta tres procesos por el denominado escándalo del 'carrusel de la contratación'.   

Dos de estos están relacionados con las irregularidades en la licitación y ejecución de los contratos viales en la capital de la República y el contrato para la prestación del servicio de ambulancias que tuvo un costo cercano a los 67 mil millones de pesos.

En 2011 fue suspendido de su cargo por seis meses y luego sancionado disciplinariamente por 12 meses en total por la Procuraduría General.