La Procuraduría General ratificó la destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos en contra de 19 exconcejales del municipio de Floridablanca, Santander.
En la sanción disciplinaria se establece que los entonces cabildantes permitieron el establecimiento de una prima técnica a favor del alcalde Eulises Balcazar Navarro, “sin que tuviera derecho”.
En este sentido se indica que alcalde municipal no contaba con los requisitos legales para obtener dicho beneficio, sin embargo, el Concejo de Floridablanca emitió un acto administrativo “contrario a la Ley” para avalar dicha prima.
Ante esto se considera que los concejales incurrieron en una falta disciplinaria gravísima a titulo de dolo “pues al momento de tomar posesión del cargo juraron cumplir con los deberes y a respetar toda clase de norma jurídica”.
Los concejales sancionados son Carlos Roberto Ávila Aguilar, Luis Alfonso Buitrago Vásquez, Javier Martín Dulcey Villamizar, Hermes Antonio Durán Bueno, Humberto Gómez Cepeda, Efraín Mendoza Rodríguez, José Anunciación Marchán Basto, Ángel Javier Rangel, Carlos Ciro Ruíz Duarte, César Augusto Sánchez Quintero, Heriberto Vera Pedraza, Reinaldo Flórez Villamil, Felix Marino Jaimes Caballero, Ferley Guillermo González, Juan Carlos Manrique Becerra, Oliverio Solano Cala, José Uribe Figueroa, Julio Cesar Parra Aceros y Alirio Pinzón Díaz.
(*) Actualización de la noticia. Luego de la publicación de este artículo, la sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación No. 11001-03-25-000-2013-01491-00 (3790-2013), en sentencia del 11 de octubre de 2023, falló lo siguiente: declarar a favor de Luis Alfonso Buitrago Vásquez, Félix Marino Jaimes Caballero, Carlos Ciro Ruiz Duarte y Carlos Roberto Ávila Aguilar, la nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia del 19 de junio de 2012 emitido por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga y del 1º. de noviembre de 2012 de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, respectivamente, así como del acto administrativo del 22 de julio de 2013, por el que el Procurador General de la Nación resolvió revocar parcialmente de manera directa los mencionados actos administrativos sancionatorios, ordenando a la Procuraduría General de la Nación, eliminar de las bases de daros los antecedentes disciplinarios anotados como consecuencia de la decisión sancionatoria objeto del proceso, ordenando a la Procuraduría, pagar a los demandantes de manera indexada, las sumas que tuvieron que pagar por orden de la resolución 078 del 4 de septiembre de 2013, negando sí, el reconocimiento y pago de daños materiales y morales.