Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años al senador Merlano

El Ministerio Público consideró que el congresista utilizó su investidura para evitar que un grupo de patrulleros le inmovilizaran su vehículo.

La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al senador Eduardo Carlos Merlano, al considerar que incurrió en una falta disciplinaria gravísima a título de dolo por los hechos registrados en la madrugada del pasado 13 de mayo en la ciudad de Barranquilla. 

En la lectura del fallo que duró más de cinco horas, los procuradores delegados disciplinarios precisaron que según las pruebas recolectadas y los testimonios escuchados durante el proceso judicial se pudo inferir que usando su investidura como senador, Merlano interfirió para que los patrulleros inmovilizaran su vehículo.

Y es que según las pruebas recolectadas durante los últimos meses se señala que en todo momento Merlano utilizó su nombre e investidura de senador con el fin de que no se le impusiera un parte y que su vehículo no fuera retenido por los policías, algo que debían hacer puesto que el congresista se negó a practicarse la prueba de alcoholemia.

En la sanción disciplinaria se define que la actitud de Merlano “afectó seriamente los principios de la función pública, puesto que influyó de manera indebida acudiendo de manera irregular a su investidura de senador para evitar que se le inhabilitara su vehículo”.

“Eduardo Carlos Merlano para la madrugada influyó en miembros de la Policía valiéndose de su investidura de senador para que no se continuara con el procedimiento de inmovilización preventiva de su vehículo”, precisa la decisión judicial.

Y es que para la Procuraduría General el senador ejerció una “debida influencia” para los uniformados violando así un estatuto disciplinario “del cual era conocedor” dada su calidad de funcionario público y senador de la República.

En resumidas cuentas, según el Ministerio Público, la falla disciplinaria del congresista del Partido de la U no consistió en negarse la prueba de alcoholemia sino en haber interferido con amenazadas y presiones para que no le inmovilizaran el vehículo de manera preventiva, “la cual era la decisión correcta en esos momentos”.

En el fallo también se indicó que no se pudo demostrar ningún tipo de maltrato por parte de los patrulleros al senador del partido de la U como él, su grupo de acompañantes y su abogado argumentaron en el proceso disciplinario.

“La sala debe insistir en que en ningún momento el senador ni sus acompañantes dejaron la constancia de haber sido maltratados, ni una insinuación, ni de sus acompañantes indicaran que en instantes previos fueron víctimas de maltrato”, precisó el procurador rechazando las declaraciones presentadas en el curso del proceso por la esposa y amigos del congresista. 

En este sentido indicó que en las tres grabaciones que fueron allegadas al proceso, no existe una sola escena en la que se evidencia el llamado trato indigno de los uniformados al congresista cuando le pidieron que se dejara practicar la prueba de alcoholemia puesto que sospechaban que estaba manejando bajo los efectos del alcohol.

“La inmovilización del vehículo era la decisión más prudente, pues se consideró que de pronto estaba bajo estado de embriaguez, su actitud, su aliento, además del hecho de que no tenía pase de conducir y la actuación que tuvo cuando se le pidió que se sometiera a la prueba de alcoholemia”, precisó.

Igualmente se indicó que además de Medicina Legal, los patrulleros de la Policía también tienen autoridad para hacer dichas pruebas de alcoholemia con el fin de descartar que una persona este manejando ebria ya que deben cumplir con su función de proteger a la población ante el riesgo que una persona conduzca un vehículo bajo los efectos del alcohol.

El procurador delegado, Juan Carlos Novoa, desestimó en la lectura del fallo los argumentos presentados por la defensa de Merlano Morales en las que se indica que el senador iba a un centro clínico puesto que sufría de un fuerte dolor de espalda, hecho por el cual mostraba cierta ansiedad y mal humor.

Ante esto se indica que ni en su declaración, ni en la llamada 1,2,3 de atención inmediata, así como los testimonios de otros testigos en este caso se hizo alguna referencia al hecho de que el senador había pedido su traslado a un centro de urgencias por su enfermedad.

En el fallo de 117 páginas se indica que los patrulleros no incurrieron en ningún acto irregular en la realización del reten, rechazando así los argumentos presentados por la defensa de Merlano en sus alegatos de conclusión.

En el fallo se rechazaron además los argumentos presentados en los alegatos finales por parte de la defensa del congresista asegurando que no existe ninguna razón para decir que la filmación ejercida por cámara oficial o aficionada ejerció alguna influencia en la actitud de Merlano.

“No importaba cuántos conos habían en el reten, ni cuántos patrulleros, no se entiende como a menos o mayor número de policías se justifique la actuación del senador Merlano”, precisó el procurador del caso.

La actitud de Merlano

El Ministerio Público consideró que no es cierto que Merlano haya estado imposibilitado para practicarse la prueba de alcoholemia, indicando que pese a que esta no era obligatoria tenía otras herramientas legales para responderle a los patrulleros que no fuera la presentación de su investidura como senador.

“El disciplinado decidió voluntariamente cometer la falta disciplinaria y era consciente de las maniobras para sacar provecho de su posición dominante con el fin de obtener un beneficio”, precisó la procuradora delegada María Eugenia Carreño.

Según la Procuraduría General, el congresista “realizó varias acciones para evitar que los uniformados le inmovilizaran el vehículo, tales como: persuadir a los agentes del orden público, manifestándoles constantemente que él era senador de la República y que había sacado 50 mil votos”.

El Ministerio Público sostuvo en su pliego de cargos que Merlano incurrió en actos de intimidación, al decirles que le faltaban al respeto y que ellos no sabían nada del sector público, solicitándoles insistentemente que llamaran a los superiores para así eludir el procedimiento que hacían los policías de tránsito.

Por se manifiesta que incurrió en “actos de amenaza al desafiarlos diciéndoles que les iba a anotar el número de las placas y chalecos para interponer una queja y afirmándoles que habían cometido faltas disciplinarias, cuando es claro que no es cierto”. 

En las conclusiones de la decisión, la procuradora Carreño rebajó la sanción disciplinaria al senador Merlano al considerar que al inicio de este proceso, en audiencia pública, por “pedir perdón con toda sinceridad, pide igual perdón a toda la policía nacional, perdón que va dirigido al general Oscar Pérez (excomandante de la Policía de Barranquilla) y a los servidores de la institución que estuvieron a cargo del operativo, pero busco resarcir el daño y el perjuicio de causado por sus acciones”.

Igualmente la Procuraduría rechazó la solicitud hecha al principio de la diligencia judicial para cambiar la tipificación de la conducta en caso Merlano de gravísima a grave, lo cual produjo serias críticas y cuestionamientos del abogado Héctor Carvajal.