Procuraduría destituyó e inhabilitó a Alejandro Lyons por irregularidades en contratación

Lyons fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir. / Archivo

Alejandro Lyon, exgobernador de Córdoba y uno de los principales delatores de lo que hoy se conoce como el cartel de la toga, fue destituido e inhabilito por la Procuraduría por su responsabilidad en irregularidades de contratación en el departamento. De acuerdo con las pesquisas de las autoridades, los responsables de estas faltas desviaron más de $85 mil millones, dinero que debía destinarse a convenios de cooperación para ciencia y tecnología.

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Lyons, quien se encuentra en Estados Unidos como testigo protegido en el caso del exfiscal Gustavo Moreno, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años. De acuerdo con lo que ha dicho la Corte Suprema de este caso, el exgobernador “diseñó un plan criminal” para que a su patrimonio ingresaran cantidades de dinero que tenían como destino el desarrollo científico y tecnológico.

Así, se reunió con Jesús Eugenio Henao, Maximiliano García Basanta, Sami Spath Storino, Carlos Pérez, Misael Herrera, Herbeth Elías Chapman, Mara Bechara y el mismo Jairo Zapa, a quienes daba instrucciones “para hacer efectivo el cobro de las comisiones cuyo monto se fijó en 30%”. Las coimas debían ser canceladas en forma anticipada por cada uno de los contratistas y enviaba intermediarios para recoger el dinero.

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Además de este caso, Lyons ya había recibido otra sanción de la Procuraduría en septiembre de este año. En esa ocasión, el Ministerio Público constató que el exgobernador participó de irregularidades y malos manejos en los pagos para terapias de niños del departamento en condición de discapacidad. Al igual que Lyon, el exgobernador Edwin Besaile también fue sancionado.

Por el caso de las irregularidades en los contratos de ciencia y tecnología, la Fiscalía le imputó a Lyons los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Según el ente investigador, son seis los contratos que tendrían irregularidades.