Procuraduría envía propuestas a Ministerio de Justicia sobre COVID-19 en cárceles

Desde que se declaró el estado de emergencia carcelaria se han aplicado medidas de prevención. Sin embargo, algo que preocupa es cómo será la respuesta ante un eventual brote de covid-19 en las prisiones. / Archivo El Espectador.

La declaración de la emergencia carcelaria del pasado 23 de marzo, con el propósito de evitar un brote del nuevo coronaviurs en las prisiones del país, es una de las medidas que ha dispuesto el Gobierno para la prevención de casos en los centros de reclusión. Sin embargo, su implementación ha sido lenta en medio de la pandemia que avanza con velocidad. afirmó Libardo Ariza, doctor en derecho de la Universidad de los Andes, hace unos días en un conversatorio de Dejusticia. Según este experto, "deberíamos estar viendo las primeras liberaciones (de reclusos) hoy". Pero el decreto, con el que se dará luz verde a las excarcelaciones masivas, está aún en proceso de elaboración en Casa de Nariño.

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Mientras el Gobierno da a conocer esa norma, y ante la grave amenaza que representa para el país un brote del virus en las cárceles, la Procuraduría le hizo un llamado a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, para que tome decisiones de inmediato. A este punto, ya son varias las entidades estatales y privadas que han manifestado su preocupación por cómo sería la respuesta estatal ante un eventual brote del COVID-19 tras las rejas. Por ello, la Procuraduría recomendó identificar a tiempo los contagios y garantizar el cuidado de los prisioneros dentro de los centros penitenciarios.Asimismo, que se garantice el abastecimiento de servicios públicos -sin agua ningún preso puede lavarse las manos como se ha pedido-, la asistencia médica y el autocuidado. 

Así mismo, el jefe del Ministerio Público propone que, para garantizar la vigilancia y la custodia de las personas privadas de la libertad, se aumente el personal del Inpec vinculando a auxiliares de esta institución. Y pensando en obtener mejores resultados a la medida que restringe las visitas, decisión que se tomó el pasado 14 de marzo, Carrillo sugirió encontrar otros mecanismos para que los reclusos no pierdan el contacto con sus familias. De igual forma, según lo expresado en la carta, se solicita el aumento de defensores públicos que atiendan los requerimientos en los penales.

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La Procuraduría también pide al Inpec habilitar las salas virtuales con que cuenta para facilitar la comunicación del condenado con su defensa, así como para las audiencias, que se realizarán de forma virtual. El procurador Carrillo hace énfasis en que es tarea del Gobierno debe garantizar un acceso efectivo a la justicia. Para ello, se debe buscar una articulación entre el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia que posibilite respuestas a la situación carcelaria de 35 mil presos, que, según cifras de Dejusticia, aún no han sido condenados pero están privados de la libertad.

Con la intención de descongestionar las cárceles y aliviar la bomba de tiempo que pueden ser en un eventual brote de COVID-19, la Procuraduría propone tomar medidas para evitar la sobrepoblación mayor al 20 % de la capacidad permitida. Para lograrlo, sugiere otorgar detención domiciliaria a mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años. También ampliar los permisos para salir de la cárcel, que duran 72 horas, hasta que termine la emergencia.

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Sin embargo, estas recomendaciones no pueden ejecutarse hasta que no se defina cómo actuará el sistema judicial ante esta emergencia, que no da espera. Para que la Rama Judicial pueda entrar en acción, la Procuraduría plantea revisar con el Consejo Superior de la Judicatura la posibilidad de que se aumenten los juzgados con función de ejecución de penas, que son los que expiden boletas de libertad. Sin embargo, la ampliación de estos juzgados no le quita a la justicia su cuello de botella.

Para agilizar el proceso, la Procuraduría hace un llamado a que los jueces de Circuito, quienes no están trabajando por la suspensión de términos que se determinó en medio de la pandemia, puedan adquirir las funciones de los jueces de ejecución de penas. De ser acatada la medida, estos jueces podrán revisar las solicitudes de libertad, sustitución de medidas de aseguramiento y solicitudes de prisión domiciliaria de manera transitoria. De igual manera, Carrillo pide que se establezca "una norma de excepción" para adelantar audiencias sin la presencia del detenido, previendo alguna situación que dificulte la conexión virtual con los centros carcelarios.

En estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata, según cifras oficiales, permanecen 7.000 personas hacinadas. La Procuraduría instó a que se haga una estrategia nacional y que se apliquen las mismas medidas en estos lugares. Para aliviar la congestión en estos lugares, la Procuraduría menciona que es necesario que los jueces legalicen la captura y definan la situación jurídica de estas personas inmediatamente. Así mismo, reconoció que el gobierno no puede desconocer la situación de adolescentes y jóvenes privados de la libertad y recomendó que en estos centros se intensifiquen las medidas de sanidad.