Procuraduría estudiará cesión de contrato de prestación del servicio de patios y grúas

Se busca establecer si se presentaron irregularidades en este proceso en la ciudad de Bogotá.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia preventiva de la Función Pública solicitó todos los documentos relacionados con el proceso que rodeó la cesión del contrato en la prestación del servicio de patios para vehículos particulares y grúas en la capital de la República. 

El Ministerio Público, como parte de su función preventiva, solicitó todo lo relacionado con la cesión del contrato de concesión suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y la sociedad Ponce de León y Asociados S.A., empresa del denominado Grupo Nule que se encuentra en liquidación.

En el caso en mención se busca determinar si se presentó una irregularidad cuando la unidad adscrita a la Alcaldía de Bogotá solicitó autorización para dar continuidad a las actividades propias del objeto contractual y sus obligaciones, junto con una petición de cesión del contrato y una carta de intención de continuar con la obligación de la Unión Temporal Movilidad Urbana 2015; el cual fue aprobado pese a que la empresa estaba en liquidación y se debían dar por terminado el contrato.

El órgano de control disciplinario analizará y evaluará si los hechos relacionados con el trámite de cesión de dicho contrato podrían constituir falta disciplinaria, por posible desconocimiento de las reglas contenidas en el mismo pacto contractual, el Estatuto General de la Contratación Pública, las normas que lo modifican y adicionan, y demás disposiciones legales que puedan verse vulneradas con las conductas señaladas.

En este caso se indica que no se habría justificado de manera correcta la necesidad de darle continuidad al contrato cedido puesto que además se incumplieron con las exigencias establecidas para la ley en este tipo de procedimientos.

Además se observó un presunto incumplimiento del deber de ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las sanciones de multa, situación que debió tenerse en cuenta previo a la celebración del contrato de cesión en diciembre de 2013, en procura de salvaguardar los intereses de la entidad pública contratante y evitar un posible detrimento del patrimonio público.

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