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hace 8 horas

Procuraduría evalúa nueva actuación disciplinaria contra concejal de Chía

Carlos Enrique Martínez fue dejado en libertad en la tarde de este lunes.

La Procuraduría General entrará a estudiar los nuevos hechos en los que está implicado el concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez quien fue detenido por la Policía en la madrugada del pasado domingo cuando manejaba al alta velocidad y en presunto estado de embriaguez.

“Ante los hechos conocidos este fin de semana del mencionado concejal de Chía, la Procuraduría evalúa nueva actuación disciplinaria”, indicó el Ministerio Público por medio de su cuenta en la red social twitter (@PGN_Col).

Igualmente indicó que dentro de los términos procesales, la Procuraduría General tomará una decisión en segunda instancia dentro del proceso que se le adelantó al cabildante municipal por tráfico de influencias, hecho por el cual fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos. (Ver Concejal de Chía cometió infracción e insultó a policías)

Debido a que la defensa del concejal presentó recurso de apelación en contra de la sanción disciplinaria ha podido seguir ejerciendo su cargo puesto que el fallo no ha quedado en firme. (Ver Procuraduría destituyó a concejal de Chía que amenazó a patrulleros)

En la tarde de este lunes el cabildante fue dejado en libertad después de que la Fiscalía General desistiera de la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

El cabildante, quien pasó la noche en la URI de la Granja (localidad de Engativa) salió en compañía de su mamá y un grupo de amigos. A su salida indicó que buscó resguardo en una Guarnición Militar porque no tenía garantías.

“Busqué ayuda en la guarnición militar más cercana para que se realizara el procedimiento que se realizó. El examen de Medicina Legal reporta que no tenía grado de alcoholemia y gracias a Dios ahora recobró mi libertad”, indicó.

Igualmente cuestionó el actuar de los agentes de la policía quien, según él, le dispararon a las llantas de su camioneta, poniendo en riesgo su integridad y la del amigo con el que viajaba.

La primera sanción

Martínez fue sancionado después de intentar usar su investidura para que un policía de tránsito no lo multara, tras ser detenido manejando una moto con una menor de edad como parrillera que no portaba caso ni chaleco reflectivo.

Al ser informado de la infracción de tránsito cometida, se alteró y se valió de su cargo para proferir amenazas e influenciar a los agentes que realizaban dicho operativo, impidiendo la acción policial. Por estos hechos el pasado 28 de agosto la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 10 años en fallo de primera instancia al determinar que incurrió en tráfico de influencias. Esta decisión que fue apelada por la defensa del cabildante hecho por el cual continúa en su cargo.

En la decisión, el Ministerio Público consideró que de manera que el concejal, en forma injustificada, ejerció un comportamiento injurioso e irrespetuoso sobre patrulleros de la Policía que adelantaban un operativo que lo afectaba justificando su accionar en su investidura.

Para el órgano de control “no le era posible, entonces, interferir de forma indebida, para pretender sacar provecho de su posición dominante, acudiendo a su investidura de concejal para influir en forma indebida y obtener un beneficio directo y personal”.

El concejal incurrió en falta gravísima establecida en el artículo 48 del numeral 42 del Código Disciplinario Único, el cual advierte que constituye falta gravísima “influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero (…)”.

Igualmente, en el fallo de primera instancia se ordenó compulsar copias de esta decisión disciplinaria a la Policía Nacional y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Chía, para que se investigue a los policías que hicieron parte del operativo y al agente de tránsito de Chía, sobre “el procedimiento legal realizado con relación a la mujer menor de edad, al parecer, que actuaba como parrillera de la motocicleta el día de los hechos, específicamente para que se indique por qué razón no aparecen sus datos personales registrados en libro o informe alguno”.