La Procuraduría General de la Nación decidió formular cargos en contra de Fredys Miguel Socarrás, exalcalde del Valledupar por aparentes irregularidades en un contrato celebrado con la firma Springer Von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S. La decisión también cobija a exfuncionarios de la administración municipal del Cesar.
De acuerdo con el Ministerio Público, Socarrás y los funcionarios Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, exsecretaria General, Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de Gobierno y Mery María Romero Mestre, exjefe de la Oficina Jurídica, omitieron su deber funcional de control en el contrato de servicios número 552 del 19 de junio 2015, por un valor de $1.400 millones. (Lea: "El silencio de la Fiscalía por contratos con Natalia Springer")
El contrato, que tenía una duración de tres meses, tenía como objetivo que Springer brindara asesorías para la estructuración de la Escuela de Paz de Valledupar. En su momento y ante las críticas, la politóloga sostuvo que su empresa había donado $607 millones de los $1.400 millones que le habían pagado y que entre las labores que había realizado estaba traer invitados nacionales e internacionales entre los que figuraban Roy Barreras, Simón Gaviria, el jesuita Vicente Durán Casas, Leonardo Boff (asesor del papa Francisco) y el barón Serge Brammertz (fiscal del Tribunal para la Antigua Yugoslavia).
A través de un comunicado, la Procuraduría aseguró que: “A Fredys Socarrás se le investiga por omitir la vigilancia y control sobre la función delegada en la secretaria General, en el marco del citado contrato y su conducta se calificó hasta este momento como gravísima a título de culpa grave”. Para la época, el acalde Socarrás respaldó la labor de Springer. (Lea aquí: Los secretos del mejor alcalde del país)
Frente a las actuaciones de los exfuncionario públicos, el organismo de control determinó: “En el cargo formulado a Lisbeth Lorena Gaitán Mateus se le reprocha el, presuntamente, haber certificado que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el proyecto de formación de gestores de paz, sin serlo; y celebrar en forma directa el contrato 552/15 con Natalia Springer, su representante legal, eludiendo el principio de transparencia porque, al parecer, no agotó el procedimiento previo para la selección objetiva del contratista”.
Frente a las acciones de Carlos Mario Céspedes Torres, la Procuraduría le hizo dos imputaciones, una por celebrar de manera directa un contrato y la otra relacionada por la omisión frente a revisar la “calidad de los servicios adquiridos”. Y a Mery María Romero Mestre la entidad la investiga porque, al parecer, no asesoró a la administración municipal “sobre el procedimiento contractual que debía seguirse para la selección del contratista, lo cual condujo a la suscripción directa del mencionado contrato de prestación de servicios”.