Procuraduría investigará a directivos de EPM por irregularidades en Hidroituango

Fernando Carrillo dijo que se buscará esclarecer si hubo improvisación en la toma de decisiones. De acuerdo con el Ministerio Público, la situación ha afectado unas 35 mil personas.

Redacción Judicial
11 de febrero de 2019 - 09:13 p. m.
Para la Procuraduría hay “un panorama de total incertidumbre generadora de potenciales riesgos y amenazas para la región". / AFP.
Para la Procuraduría hay “un panorama de total incertidumbre generadora de potenciales riesgos y amenazas para la región". / AFP.

El procurador general, Fernando Carrillo, informó que el Ministerio Público investigará, por las irregularidades en Hidroituango, a los miembros de la junta directiva de EPM, a algunos ejecutivos de la misma empresa y a varios funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

“La magnitud del daño generado en términos sociales, económicos y ambientales ameritaría, como lo hemos afirmado en el curso de la mañana, la declaratoria de la emergencia ambiental (…) para la recuperación de los derechos” afectados por la situación con la hidroeléctrica en Antioquia.

(Lea aquí: La verdad sobre Hidroituango de la que no quieren hablar).

Según el procurador, la situación ya ha afectado, en 15 municipios, a más de 20 mil familias de pescadores (lo que significaría unas 35 mil personas); también dijo que los costos de recuperación de la obra ascenderían a unos 2 billones de pesos. La investigación, precisó Carrillo, buscará esclarecer si “hubo escenarios de improvisación en las decisiones de la empresa”.

(También: Piden control a EPM por presunto ocultamiento de información sobre Hidroituango).

Además, el pasado viernes, el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Augusto Blanco, envió una carta al superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, para pedirle que vigile las “nuevas situaciones de amenaza latente que no fueron comunicadas oportunamente por parte de EPM, lo que genera total incertidumbre frente al nivel de riesgo del proyecto”.

En la carta a la Supersociedades, el Ministerio Público alertó que hay “un panorama de total incertidumbre generadora de potenciales riesgos y amenazas para la región, donde la seguridad de los habitantes (…) es un aspecto que debe ser considerado prioritario y fundamental (…) La adopción de medidas urgentes debe ser proporcional al grado de riesgo y daño que representa el proyecto hidroeléctrico”.

Por Redacción Judicial

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