Procuraduría le abrió dos investigaciones preliminares al alcalde Gustavo Petro

Esto por las presuntas irregularidades en los contratos de semaforización y la ampliación de un convenio de Transmilenio que habría beneficiado a un concuñado del burgomaestre.

La Procuraduría General de la Nación le abrió dos investigaciones disciplinarias al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego por su presunta participación en dos casos de irregularidades en contratación en la capital de la República y que han explotado en los últimos días gracias a las denuncias hechas por los medios de comunicación.

El primer caso hace referencia a las irregularidades que rodearon el contrato para el cambio de más de 26.625 semáforos un costo superior a los 6.000 millones de pesos. Las fallas en este convenio contractual fueron presentadas por la Contraloría Distrital basándose en los informes presentados por la Universidad Distrital que manifestaron las irregularidades.

Por estos también se le abrió investigación disciplinaria y penal al saliente secretario de movilidad Rafael Rodríguez por presuntamente haber hecho caso omiso a las recomendaciones y alertas que se presentaron en este proceso de licitación y ejecución del multimillonario contrato.

El Ministerio Público busca establecer si el burgomaestre participó y conoció las irregularidades que se presentaron en el marco de la celebración de este contrato. Según la queja presentada pese a que el mismo Distrito había sancionado a la empresa privada que vendió las luces el alcalde de Bogotá firmó una resolución revocando la sanción.

Igualmente pese a que el contrato de compraventa por incumplimiento por parte del contratista había sido liquidado por parte de la administración local, pocas semanas después se firmó un contrato de transacción basándose en un dictamen técnico incompleto, como lo manifestó la Contraloría Distrital citando varios de los estudios hechos.

Según la información revelada por Noticias RCN, la otra investigación preliminar está relacionada con la presunta presión de su concuñado, Carlos Albero Gutiérrez quien habría fungido como inrtermediario para el contrato ampliación de operaciones de los consorcios de Transmilenio.

La denuncia, revelada por el diario El Tiempo, se indica que se habrían pagado además dos mil millones de pesos en comisiones. Los señalados pese a que han manifestado que sí sostuvieron reuniones negaron tajantemente haber entregado comisiones para resultar beneficiados en este caso.