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La Procuraduría General le solicitará al Consejo de Estado que tenga en cuenta el auto emitido por la Corte Constitucional en el cual se ordena el cambio del modelo de aseo en la capital de la República. Esto en el marco del estudio de la acción en contra la sanción disciplinaria emitida contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
Para el órgano de control disciplinario este auto deja en evidencia que se presentaron fallas en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo implementado en dicimebre de 2012. Fallas por las cuales la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al actual mandatario distrital.
El Ministerio Público reiterará que en el fallo disciplinario se consideró que con la expedición del decreto 564 de 2012, con el cual se asumió la prestación del servicio de aseo, la Alcaldía de Bogotá fue en contravía de las normas de libre competencia de los públicos y privados, necesarias para la prestación de los servicios públicos.
Se advertirá que el fallo de la Corte Constitucional que la sanción emitida por el tema de la libre competencia fue justificada. Petro Urrego fue sancionado por implementar un esquema de aseo en contra de la Constitución y la ley, ya que se le entregaron contratos a la Empresa de Acueducto y Aguas de Bogotá pese a que no tenían experiencia en el tema.
Los efectos de la sanción disciplinaria contra el alcalde de Bogotá fueron suspendidos por las medidas cautelares emitidas por el Consejo de Estado mientras se adelantaba el estudio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la defensa de Petro Urrego.
La Procuraduría General anunciará además que adelantará la vigilancia al cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, “a fin de que en un plazo de 6 meses, el distrito capital efectúe el desmonte del esquema de aseo, tal como en su momento lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, para garantizar la libre competencia económica”.
La Corte levantó las medidas cautelares y ratificó el alcance del auto 587 del 15 de diciembre de 2015 por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el cual se le ordenó a la Alcaldía de Bogotá que en un plazo de seis meses implementara “un nuevo esquema de recolección de basuras". Advirtiendo que "su inobservancia acarrea las sanciones previstas en la ley, habida cuenta de que ello implicaría una nueva infracción a las normas que protegen la libre competencia económica”.