Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Carlos Albornoz por escándalo DNE

El exdirector de la entidad es investigado por las fallas administrativas en la entrega de bienes.

Carlos Albornoz, exdirector de la DNE, sobre quien recaen denuncias.
Carlos Albornoz, exdirector de la DNE, sobre quien recaen denuncias.Archivo

La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) Carlos Albornoz Guerrero por su presunta participación y responsabilidad en irregularidades que rodearon la administración de bienes incautados a narcotraficantes.

El Ministerio Público busca establecer si Albornoz omitió sus funciones de vigilancia en la gestión de Luis Vargas Vargas quien fue designado bajo la figura de depositario provisional para la administración del predio cafetero de "La Argentina” ubicado en zona rural de Manizales, Caldas.

Para la Procuraduría General pese a que Albornoz fue informado sobre "la situación real de este predio" tomó las medidas necesarias "para minimizar las pérdidas o improductividad que este terreno generó mientras estuvo a cargo de Luis Vargas Vargas entre el 10 de julio de 2008 hasta el 31 de mayo de 2009".

Igualmente se indica que el exfuncionario no ejerció el debido control y vigilancia sobre los bienes que estaba administrando Zaida Villamil bajo la figura de depositaria provisional, los bienes correspondientes a la Sociedad Colombiana de Hoteles y específicamente su establecimiento Chinauta Resort.

El investigado habría incurrido en omisión porque pese a conocer la situación real de la sociedad no adoptó las medidas necesarias para minimizar las pérdidas o improductividad que generaron los bienes correspondientes a dicha Sociedad y específicamente su establecimiento Chinauta Resort mientras estuvieron a cargo la depositaria provisional.

Por último, se busca establecer si Albornoz Guerrero cometió el ilícito de falsedad ideológica en documento público al extender una resolución en la que le entregó una facultad para asignar los honorarios al liquidador de la sociedad Promocom y una certificación de fecha 21 de agosto de 2008 expedida por un revisor fiscal en la cual se determinó que unos inmuebles relacionados en esa certificación pertenecen al inventario en la mencionada sociedad en liquidación a 31 de julio de 2008, eventos que son posteriores a la fecha en que aparentemente se suscribió el acto administrativo controvertido.