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La Procuraduría General citó a juicio disciplinario al exgerente general de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), Ramón Navarro Pereira, por presuntas irregularidades en el pago de órdenes de servicios que superan los $1.300 millones de pesos y que no habrían sido realizados por la empresa pública.
En este caso disciplinario, la Procuraduría tiene la lupa sobre dos empresas que, según este organismo, se habrían apropiado de dineros provenientes de la Triple A y sobre los cuales “el Distrito de Barranquilla tenía derechos accionarios del 14,5%”. El Ministerio Público señaló que esas dos empresas serían Padilla Sundheim Abogados y Consultores Especializados E.U. e Iarco Limitada.
La presunta falta disciplinaria de Navarro Pereira fue calificada por la Procuraduría como “gravísima”, teniendo en cuenta que, con las pruebas que obran en el proceso, “la conducta reprochada al entonces gerente de la Triple A, fue posiblemente realizada con conocimiento y voluntad”.
El investigado deberá responder ante la Procuraduría por, presuntamente, haber omitido sus deberes como administrador, los cuales, según la Procuraduría, la obligan a actuar teniendo en cuenta los intereses de sus asociados y la obligación de velar por el estricto cumplimiento de la ley.
Proceso penal por el Caso Lezo
El empresario fue detenido en marzo de 2018 en Barranquilla dentro del proceso que se le sigue por la presunta apropiación ilícita, junto con los entonces representantes de Inassa y de la firma local Recaudos y Tributos, de $27.879 millones. En las audiencias Navarro aceptó los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado, por lo que obtendría una rebaja de hasta la mitad de la pena.
La Fiscalía señaló en su momento que Navarro y los otros vinculados se habrían apropiado de los recursos mediante la creación 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que nunca adquirieron, así como cuatro contratos de consultoría con los que buscaban "justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado".
De acuerdo con la investigación de las autoridades, la empresa Triple A fue utilizada por su casa matriz, la española Inassa, para supuestamente cubrir “torcidos” del Partido Popular español, uno de los más tradicionales en ese país.